El pleito entre AMLO y la Corte comienza a tomar forma, algo tiene que ver que el primero ya se va y el segundo se va a enfrentar a un cambio legal sin precedentes. Ayer el consejero José Alfonso Montalvo Martínez, consejero del Consejo de la Judicatura, se le fue encima durísimo a la propuesta de reforma judicial, tan simple como desmintiendo sus supuestos, el más importante, dijo, es ese que se menciona de que la propia Corte hizo su propia propuesta de reforma: “Se ha tratado de confundir diciendo que nosotros mismos sabemos que necesitamos una reforma, y que incluso hemos formulado propuestas alternativas para lograrlo. Esto no es cierto”, dice el abogado que es identificado como un operador político de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. La narrativa del Poder Judicial se enfoca a que se necesitan leyes que reduzcan las chicanadas dilatorias y legaloides “no la reforma judicial del Ejecutivo”, dijo. El consejero se les fue encima a los organizadores de los llamados diálogos nacionales porque mientras los diputados que buscan justificar la reforma de AMLO tiene un espacio de 8 horas a los ponentes de la judicatura federal apenas les han dado 4:42 horas, es decir, los especialistas tienen la mitad del tiempo que los porristas del gobierno federal.
Oiga, y por cierto, el aún coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya dijo que la discusión de la reforma judicial iniciará el próximo 2 de septiembre, al día siguiente de que se instale la LXVI legislatura en la Cámara de Diputados, y se concluirá, a más tardar, el 15 de septiembre probablemente para incluir un “¡Viva la reforma judicial!” en la ceremonia del grito, el plan no es solo no moverle una coma a la iniciativa para que en la segunda quincena de septiembre la reforma sea enviada al senado y después a los congresos locales que también forman parte del Constituyente permanente.
Y ya que andamos en esto del pleito que se viene, y la crisis constitucional que se puede provocar desde el gobierno actual ya la JUFED (Juzgadoras y Juzgadores Federales) y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación recogieron la voz generalizada de los representantes de los circuitos y se insiste en el 19 de agosto como fecha de inicio del paro, quedando pendiente definir la modalidad del mismo, si será total o parcial, lo que se tendrá claro hasta que se logre un consenso mayoritario. Hasta ahora el punto de vista mayoritario habla de que sea 24 horas los 7 días de la semana. Nos dicen que la próxima semana se tendrá una nueva reunión con la dirigencia de la JUFED, pues a ver en que termina.
Parece que las autoridades morenistas de la alcaldía Gustavo A. Madero que van de salida, ya no les importa hacer su trabajo, aunque sí cobran puntualmente. Y un ejemplo es el abandono en que se encuentra el Centro Cultural Futurama. No les importa que ya lleva tres semanas sin agua, lo que lo convierte en un foco de infección en los baños y posibles problemas de salud para las personas que realizan eventos, visitantes, trabajadores de las ocho oficinas, beneficiarios de la tercera edad y con capacidades diferentes de los programas sociales federales ubicados en la primera planta. Los afectados han planteado la problemática a los jefes de las respectivas áreas y con el sindicato, pero hasta el momento no han solucionado el problema. Lo peor es que hay cinco de personal de limpieza para atender ocho oficinas, dos salas de cine, tres auditorios, una sala polivalente y la área de entrega de programas federales. La cuestión es que sin agua tu trabajo es imposible.
Pues los vecinos de Santa Fe metieron varias quejas a la alcaldía Álvaro Obregón y a la Jefatura de Gobierno en contra del “Winclub Luxury Casino” y solicitan al INVEA que actúe y clausure. Los vecinos gestionan una reunión con el Jefe de Gobierno, Martí Batres, para que los apoye y ordene la clausura definitiva del centro de apuestas debido a que viola las normas vigentes. El casino es de Operadora de Apuestas y Entretenimiento, una empresa que ha tenido problemas en otros lados, por ejemplo, su casino en Mexicali opera sin la aprobación del Cabildo del Ayuntamiento y de un estudio que justifique su ubicación. Otro caso es Puerto Vallarta con otro presunto centro de apuestas, que también es un restaurante y hay dos más en San Ángel, en la CDMX, donde está prohibido el giro de casino, por tratarse de una zona histórica y protegida de acuerdo con el Programa Parcial de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac. Los afectados denunciaron que las autoridades de la alcaldía involucradas en la operación del casino son la Dirección de Verificación Administrativa. la de Juegos y Sorteos y la de Gobierno, que son las entidades que autorizan el uso de suelo para que opere como casino, pese que no cuenta con dicho permiso.
