En la CDMX, desde hace años, se habla de la existencia del llamado Cártel Inmobiliario y hoy el gobierno de la ciudad encuentra que lo encabeza el panista más influyente de la capital: Jorge Romero. Hoy de lo que se quejan las empresas vivienderas es que se han dejado de lado los hilos de este grupo porque otros socios de los integraban a este grupo eran, supuestamente, Dolores Padierna y René Bejarano cuando ambos eran funcionarios del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, pero nadie les hacía nada pese a las denuncias presentadas por las empresas. El diputado Romero hoy es dueño de la fracción del PAN en la Cámara de Diputados y ya pidió que se investigue esta acusación aduciendo que es por cuestiones políticas; un tema que ya rechazó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que dijo no hay una persecución política.
Por cierto, dentro del PAN hay una corriente, la más tradicional, que quiere que Marko Cortés, presidente del partido, se adhiera firmemente a la línea de los fundadores de Acción Nacional en este caso y no sólo denunciar el tema inmobiliario sino sacar a la luz pública todos los arreglos que ha hecho al interior del partido Jorge Romero en la ciudad y bajarlo de una vez de la contienda por la jefatura de Gobierno.
El gobierno federal pretende modificar la constitución y enviar una iniciativa de ley para que las fuerzas castrenses sean las que tengan a su cargo la Guardia Nacional y con ello toda la seguridad del país según nos cuentan senadores de Morena. Lo que ellos saben es que pretende otorgarles todo el mando en la materia y de esta manera asuman la responsabilidad y funciones que hoy son de la Secretaría de Seguridad Pública. Se sabe que el bloque opositor -PAN, PRD, y PRI- ya les advirtió su desacuerdo y prometieron que les pasaría lo mismo que a la reforma energética: no va a pasar y si insisten en intentar darle la vuelta de alguna manera a la determinación tomada se llevará está decisión hasta la controversia constitucional y ya están tres despachos privados diferentes preparando los documentos al respecto basados en que se violaría el artículo 21 de la Constitución.
PD: Joel Ayala, líder de los burócratas, tiene un problema enfrente. La base de la FSTSE, los sindicatos federales, se queja de la ineficiencia con la que operan en sus oficinas los jefes de la 4T tanto en la toma de decisiones como en la operación, nos dicen que para la generación de un oficio, y es un logro para el que salga firmado, el tiempo requerido es de al menos 7 horas.
Síguenos en Facebook: La Prensa Oficial y en Twitter: @laprensaoem
