Especialistas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), refieren que en la última década, más de 23,000 menores de edad, de quienes sus madres fueron víctimas de feminicidio, han quedado en orfandad. Muchos de ellos fueron testigos del crimen y sus padres o padrastros fueron quienes presuntamente cometieron el acto. Hasta ahora, ninguna gestión los había reconocido como víctimas indirectas y tampoco les había brindado apoyo.
Es por ello que el pasado 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el cual es un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud (SSa) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Fundamentado en el artículo cuarto constitucional, que señala que en México debe prevalecer el interés superior de la niñez como principio rector del Estado y cumpliendo con el objetivo de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” estipulado en Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se expide este protocolo con principal objetivo de restituir y proteger sus derechos, así como generar acciones para la prestación de servicios que les correspondan.
De acuerdo con declaraciones de la titular del SNDIF, María del Rocío García, el protocolo cuenta con una ruta que detalla los pasos y procesos que deben llevarse a cabo para resguardad la integridad física de los infantes, así como el procedimiento a seguir por parte de las instituciones para la restauración de sus derechos.
El diseño de este mecanismo es trascendental. Los menores en orfandad son de las poblaciones más vulnerables porque la violencia feminicida constituye un evento traumático que rompe con la noción de familia como espacio de protección. Por este motivo los infantes requieren atención alimentaria, médica, psicológica, educativa y jurídica.
El feminicidio es uno de los crímenes más dolorosos: termina con la vida de una mujer, destruye familias y genera secuelas difíciles de superar. Por ello se crea este protocolo, a efecto de ser herramienta eficaz y específica que sumará esfuerzos junto con otros instrumentos e instituciones para garantizar bienestar integral a la niñez.
La creación del protocolo, representa un logro que se suma a muchos otros del actual gobierno. De esta manera, las poblaciones históricamente olvidadas son reconocidas y apoyadas, así como los derechos humanos respetados. La buena gobernanza es una realidad en México. Es de celebrarse que el Estado demuestra capacidad de respuesta ante las distintas problemáticas existentes.
