Es alarmante la ola de inseguridad que padecen los jóvenes en la Ciudad de México. Asesinatos, secuestros y asaltos. A los crímenes de alto impacto que se reportan en medios de comunicación, se suman los del fueron común cuando son despojados de sus pertenencias en su escuela, en las calles, en el transporte público, al llegar a su casa.
Más allá de los tecnicismo en los que se escudan las autoridades del Gobierno de la capital del país, queda claro que falta mucho trabajo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) y en la PGJCDMX.
Al lamentable caso del secuestro y asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal, Norberto Ronquillo Hernández se suman otros.
Está el homicidio del seminarista, Leonardo Avendaño, alumno de la Universidad Intercontinental, quien desapareció el pasado martes y un día después su cadáver fue hallado sin vida a bordo de un vehículo.
Y Ana Karen, de 28 años de edad, exalumna de la UDLAP en Ciudad de México, privada de su libertad cuando llegaba a su departamento en la Colonia Polanco.
De estos tres casos la Procuraduría capitalina no tiene nada.
Semáforo Delictivo advirtió que en la Ciudad de México, el delito de secuestro repuntó 103.4 % en lo que va del año, en comparación con los cinco primeros meses de 2018.
Suman 68 secuestros en la actual administración estatal, lo que se traduce en un promedio de 11 secuestros al mes, cifra alarmante.
Es lamenta la falta de respuestas y los resultados son catastróficos. Vamos de tragedia en tragedia, porque los servidores públicos han demostrado incapacidad para combatir al crimen en la ciudad, y parece que no es una prioridad para la actual administración.
Textualmente hay que decirlo: La Ciudad de México es la que cuenta con el mayor número de policías a nivel nacional y con una red de cámaras de seguridad que deberían ser factores para disminuir la incidencia delictiva, pero los funcionarios públicos no dan los resultados esperados.
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