Cuando la caída del sistema en 1988, en que Cuauhtémoc Cárdenas perdió la elección presidencial frente a Carlos Salinas de Gortari, ya el sistema de partidos y la organización de Elecciones en México tenía un cuestionado camino recorrido, pero aún con un largo sendero que recorrer para lograr la ansiada democracia.
Existía un incipiente sistema de partidos, una Ley de organizaciones políticas y se buscaba consolidar un arbitraje imparcial para el sistema de representación en el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, que viviría otra reforma en 1990, teniendo como Presidente del Consejo General al Secretario de Gobernación.
Para 1993 ya era atribución del IFE organizar y declarar la validez de la elección de Diputados y Senadores, expedir las constancias de mayoría a los ganadores y establecer topes de gastos de campaña, que sustituyeron a un obsoleto sistema de autocalificación vía los colegios electorales.
Y aún mejor, el Congreso le otorgó al IFE que pudiera designar al Secretario General y a los Directores Ejecutivos por voto de las dos terceras partes de sus miembros, y a propuesta del Consejero Presidente.
En 1994 fue instituida la figura de Consejeros Ciudadanos, propuestos desde la Cámara de Diputados, en tanto que los partidos
conservaban un representante con voz pero sin voto.
Entonces, una de las preocupaciones era que pudiera entrar dinero ilegal a los procesos electorales, además que funcionarios hicieran proselitismo.
Para 1996, se emitió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se reforzó la autonomía del IFE y se incorporó el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
En 2007, las modificaciones fueron en dirección a lograr la credibilidad de los ciudadanos en el trabajo del Instituto, frente a las elecciones federales.
En 2014 se le dio carácter de autoridad nacional, al quedar como Instituto Nacional Electoral (INE), según lo que dice el propio Instituto.
Han sido años de trabajo arduo desde el poder Legislativo, y desde la sociedad civil, además del apoyo de organismos extranjeros y observadores para afinar este instrumento organizativo.
Quizá por ello es que la afirmación del primer mandatario, que asegura será “guardián de las elecciones” de inmediato causó reacciones.
Entre ellas, la del presidente nacional del PRD, Ángel Ávila, quien destacó que son asuntos que competen a los Partidos Políticos y al INE.
Y en verdad, el camino rumbo a la anhelada democracia no ha terminado, pero debe continuar con la independencia de institutos que organicen y califiquen las elecciones sin presiones ni tintes partidistas. Sobre todo, sin la influencia que desde los gobiernos federal o locales, pretendan hacer para inclinar las contiendas a su favor o permitir el uso de recursos o políticas públicas, para desequilibrar la neutralidad que se busca para los contendientes de un proceso comicial.
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