/ domingo 22 de mayo de 2022

¿Qué es lo que no quieren que sepamos?

El 16 de mayo la Suprema Corte dictó sentencia sobre dos recursos de revisión respecto a la entrega de los contratos para adquisición de vacunas contra el COVID-19 firmados por el Estado Mexicano con Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Serum, Sputnik y Sinovac, y sus respectivos comprobantes de pago. En ella resuelve que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Por este motivo, esta información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)” utilizando el mismo criterio para los comprobantes de pago.

El asunto viene de una solicitud de información presentada por un ciudadano a la Secretaría de Salud, quien se negó a entregar información y quien ha aducido a lo largo del tiempo que “dar a conocer la información conllevaría a la afectación de las obligaciones pactadas”, “se posibilita la destrucción, la inhabilitación al sabotaje” [de las vacunas] y que el proceso de negociación para obtener de manera oportuna la vacuna impacta en las relaciones sociales e, incluso, en los aspectos de salud mental”. El Pleno del INAI analizó el tema y resolvió a favor del ciudadano ordenándole a la Secretaría entregar una versión pública de los contratos. Esta decisión fue impugnada por la Consejería Jurídica de Presidencia, lo que derivó en la sentencia de la Suprema Corte.

La resolución del INAI es consistente con la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”; pero al ser una recomendación únicamente ofrece un criterio orientativo y no es de obligatorio cumplimiento, por lo que es potestad de los juzgadores aplicarla o no.

En conferencia matutina, al ser cuestionado al respecto el presidente respondió que “Acerca de la resolución de la Corte pues aunque sea legal, y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar”.

Más allá de las contradicciones que se dan con mucha frecuencia al interior del ejecutivo, lo relevante del tema es que en ningún país los ciudadanos hemos tenido acceso al contenido de los contratos firmados entre gobiernos y empresas farmacéuticas. Tal vez valdría la pena preguntarnos qué será eso tan delicado que negociaron nuestros amados líderes mundiales que podría impactar aspectos de salud mental o hasta propiciar sabotajes y de lo que no podemos enterarnos ni europeos, ni americanos, ni asiáticos, ni africanos, ni oceánicos.


El 16 de mayo la Suprema Corte dictó sentencia sobre dos recursos de revisión respecto a la entrega de los contratos para adquisición de vacunas contra el COVID-19 firmados por el Estado Mexicano con Pfizer, AstraZeneca, Cansino, Serum, Sputnik y Sinovac, y sus respectivos comprobantes de pago. En ella resuelve que la divulgación de las condiciones esenciales de la contratación puede poner en riesgo la seguridad nacional, al obstaculizar o bloquear acciones tendentes a prevenir o combatir pandemias en el país. Por este motivo, esta información debe ser clasificada como reservada por un periodo de 5 años, sin que ello impida divulgar una versión pública en la que se puedan apreciar aquellos aspectos que no fueron materia de la reserva o constituyan información confidencial (datos personales y secreto comercial)” utilizando el mismo criterio para los comprobantes de pago.

El asunto viene de una solicitud de información presentada por un ciudadano a la Secretaría de Salud, quien se negó a entregar información y quien ha aducido a lo largo del tiempo que “dar a conocer la información conllevaría a la afectación de las obligaciones pactadas”, “se posibilita la destrucción, la inhabilitación al sabotaje” [de las vacunas] y que el proceso de negociación para obtener de manera oportuna la vacuna impacta en las relaciones sociales e, incluso, en los aspectos de salud mental”. El Pleno del INAI analizó el tema y resolvió a favor del ciudadano ordenándole a la Secretaría entregar una versión pública de los contratos. Esta decisión fue impugnada por la Consejería Jurídica de Presidencia, lo que derivó en la sentencia de la Suprema Corte.

La resolución del INAI es consistente con la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que recomienda a los gobiernos de los Estados Miembros Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público”; pero al ser una recomendación únicamente ofrece un criterio orientativo y no es de obligatorio cumplimiento, por lo que es potestad de los juzgadores aplicarla o no.

En conferencia matutina, al ser cuestionado al respecto el presidente respondió que “Acerca de la resolución de la Corte pues aunque sea legal, y nos piden a nosotros información, no la vamos a negar”.

Más allá de las contradicciones que se dan con mucha frecuencia al interior del ejecutivo, lo relevante del tema es que en ningún país los ciudadanos hemos tenido acceso al contenido de los contratos firmados entre gobiernos y empresas farmacéuticas. Tal vez valdría la pena preguntarnos qué será eso tan delicado que negociaron nuestros amados líderes mundiales que podría impactar aspectos de salud mental o hasta propiciar sabotajes y de lo que no podemos enterarnos ni europeos, ni americanos, ni asiáticos, ni africanos, ni oceánicos.