Es cierto que nadie, absolutamente nadie, quiere regresar al semáforo rojo. A la mayoría le preocupan las consecuencias económicas que esto traería, pero para otros, significaría el reconocimiento tácito del fracaso en el manejo de la pandemia.
Mientras Francia, Italia, España, Inglaterra, Bélgica y otros países europeos regresan al confinamiento y declaran cierres parciales de actividades, e incluso, toque de queda nocturnos. En México, se defiende el supuesto “manejo exitoso de la pandemia”, que ya acumula más de 925 mil casos y cerca de 100 mil muertes.
La pandemia no solo amenaza la salud de la población, sino también la tambaleante economía y el ya muy deteriorado ingreso familiar, sin que exista una estrategia clara que ofrezca mínima certidumbre, ante este escenario cada vez más complejo y desafiante.
Por sí la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 no fuera suficiente, el gobierno de la 4T y su mayoría legislativa de Morena en el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud, para entregar al Ejecutivo el manejo de 33 mil millones de pesos de remanentes del Fondo de Salud para el Bienestar, sin explicar exactamente, para qué quieren estos recursos y en qué se destinarán.
Organizaciones de personas con diversos padecimientos, como cáncer, diabetes, hemofilia, problemas crónicos pulmonares, enfermedades hepáticas, VIH-Sida, hipertensión, cardiopatías, con insuficiencia renal y trasplante de órganos, se manifestaron en contra del uso discrecional del Fondo de Salud para el Bienestar.
Recordaron que el Presidente de la República prometió cobertura total y cero cuotas a partir del 1 de diciembre de 2020, por lo que solicitaron a la autoridad dar a conocer ¿cómo lo piensan lograr quitándole los remanentes para hacer un uso discrecional?
Advirtieron que quitar 33 mil millones de pesos y los remanentes sin un plan sostenible, sería dañarlo significativamente y, con ello, dejar sin esperanza a miles de pacientes en todo el país que carecen de seguridad social y los medios económicos para costear sus tratamientos.
Activistas por los derechos de las personas que viven con VIH calificaron esta decisión como un “atentado sin precedentes en contra de la vida, la salud y el bienestar de las y los mexicanos", y advirtieron que tomarán las acciones necesarias para evitar este atraco, que se comete justo contra los grupos más vulnerables.
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