Una de las ventajas del sistema penal acusatorio mexicano vigente es, sin duda, la publicidad, un eje establecido en el artículo 4º del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) y que se considera un Principio por el cual las audiencias del sistema penal son públicas, con acceso no sólo a las partes involucradas, sino también a todos los ciudadanos y a los medios de comunicación.
Lo que habría que ver, sin embargo, es si realmente los medios de comunicación, que son los principales intermediarios entre estas audiencias y los ciudadanos, están realmente en capacidad, se diría que más bien las empresas periodísticas, de darle cobertura a los procesos y no sólo a las espectaculares detenciones policiacas que en realidad son sólo el principio de todo.
El sistema penal mexicano se hizo público para evitar actuaciones discrecionales de los jueces y de todas las autoridades intervinientes: fiscales, defensores, etc. para asegurar el justo proceso para los imputados, lo que lógicamente beneficia también a las víctimas, pues evita condenas injustas y “culpables” fabricados.
El Código también otorgó a los ahora denominados jueces de control, la facultad, precisamente, de controlar las actuaciones ministeriales, todo ello para asegurar a cualquier ciudadano un justo proceso. Diferente al sistema escrito mixto anterior que funcionaban con base en los llamados “mini-juicios” a cargo de las autoridades ministeriales, pues prácticamente el juicio se convertía en un mero trámite cuando pasaba al juez, ya que el expediente se había modificado a discreción.
Era de esperarse entonces que, ante tal transparencia, algunos políticos, entre ellos gobernadores a quienes corresponde el trabajo de acusar en el sistema penal, reaccionen tan mal frente al control y evidencia pública de sus actuaciones.
Y no han faltado legisladores que hayan agarrado como “banderita” la mal llamada “puerta giratoria” y hasta lo han convertido en campaña, desconociendo muchas veces no sólo la ley, sino el espíritu del sistema penal.
Pero lo más grave es que al responsabilizar al sistema garantista actual, en realidad están evidenciando sus propias carencias, ya que bien sabido es que los responsables de llevar un registro de procesos, detenciones, etc, son los propios Poderes Ejecutivos a través de sus policías y Fiscalías que, para controlar esta situación, deben hacer saber al juez si una persona tiene procesos anteriores, para que este factor sea considerado al momento de imponer medidas cautelares.
No se trata de tecnicismos para liberar a los delincuentes como ha mencionado el propio Presidente López Obrador, ni se trata de “inconformarse” ante liberaciones de personas “que se sabe que cometerán delitos”. Se trata de que quienes tienen las facultades de sostener bien sus acusaciones y solicitar la prisión preventiva justificada, lo hagan en el marco de un justo proceso, que es a lo que tenemos derecho todos los ciudadanos, según nuestra propia Constitución y los Tratados Internacionales.
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