A una semana del escándalo de la “vacu-nada”, la ciudadanía todavía no sabe qué pasó con la enfermera voluntaria, cuál fue el móvil del fallido engaño y qué han hecho las autoridades para evitar que se repita un caso similar.
Lo último que supimos fue que la enfermera fue retirada de la célula de vacunación y que el IMSS y el gobierno de la Ciudad de México se comprometieron a reforzar la vigilancia.
Sin embargo, ese compromiso quedó convertido nuevamente en “otra promesa vacía”, cuando a los pocos días nos enteramos que dos personas de 30 años se metieron en la fila disfrazados de viejitos para recibir el inmunológico. Y lo lograron.
La aplicación de “vacu-nada” no ha sido un hecho aislado como el gobierno de la 4T ha querido hacer creer, muchos menos, se trató de un montaje como inútilmente defendió; porque estos casos como los famosos agandalles de vacunas por parte de algunos “influyentes”, solo demuestran que el proceso de inoculación tiene espacios de discrecionalidad, una porosa seguridad y carece de un blindaje institucional para evitar estas anomalías.
Desde el poder se tiran extensos discursos y regaños para que los ciudadanos se porten bien, no hagan trampas ni fomenten la corrupción, pero es el poder mismo el que da el consejo y se queda sin él, al incurrir en todos los actos reprobables que prometieron no hacer.
Baste mencionar algunos datos que aporta la iniciativa #YoMeSumo impulsada por México Evalúa, los cuales advierten que en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni sus informes ejecutivos es posible identificar los montos de recursos invertidos para la pandemia de Covid-19, que ya lleva un año.
Enumera al menos diez estrategias que el gobierno anunció para obtener más recurso para enfrentar la pandemia, como: el decreto de austeridad que implicó un recorte del 25% en los salarios y aguinaldos de servidores públicos, extinción de fideicomisos, rifa del avión presidencial, desaparición de organismos autónomos y creación de nuevos impuestos (Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas en México), entre otros, de los cuales, hasta el momento son poco claros y no se sabe nada.
Advierte que tal opacidad facilita que la pandemia se siga utilizando como un pretexto político para justificar cambios delicados o cuestionables en las políticas públicas y/o en el presupuesto.
