/ sábado 18 de julio de 2020

Palo dado ni dios lo quita

Especialistas en temas de equidad de género y trabajo no remunerado advertían hace unos días que después de la pandemia, son las mujeres las que tienen mayor riesgo de engrosar las filas de desempleo y pobreza.

Además, señalaron que la emergencia sanitaria solo vino a evidenciar y -en la mayoría de los casos- empeorar la inequitativa carga laboral de las mujeres, quienes se vieron en la necesidad de cubrir jornadas más extensas con mayor número de actividades y responsabilidades, al tenerla que hacer de maestras o enfermeras, pero sin desatender su empleo remunerado a través de home office, los quehaceres domésticos y la proveeduría de alimentos para la familia.

La sabiduría de las abuelas dice que: “palo dado, ni Dios lo quita”, refrán popular que viene muy al caso ahora por el recorte de 151.9 millones al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo que se traduce a una reducción presupuestal del 75%. Los que saben dicen con palabras que intentan dar consuelo que este recorte, supuestamente, no afectará programas sustantivos, pero sí el gasto operativo.

Mujeres que han abanderado por años la lucha feminista y, que ahora, ocupan altos cargos dentro de la 4t o son integrantes de las obesas bancadas legislativas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, salieron rápidamente a tratar de justificar esta decisión, a través de sus cuentas twitter o en sendos comunicados.

El consuelo no faltó. Argumentaron que este recorte solo afectará gastos operativos, por lo que el Instituto muy seguramente podría quedarse sin personal, sin computadoras o sin servicios de telefonía y luz, como ya se prevé que ocurra en otras dependencias, para llevar a buen puerto los programas sustantivos a su cargo.

Otras, tocaron tambores de guerra y valientemente se comprometieron a analizar si existen otras partidas que puedan redirigirse a los efectos de la pandemia, sin necesidad de afectar recursos esenciales para la protección de los derechos de las mujeres.

Las más rudas advirtieron (seguramente con un tono amenazante que ha de haber dejado helado a más de uno), que promoverán un Parlamento Abierto “para proponer una vía para fortalecer los recursos del Anexo 13 (que contempla los recursos asignados para la igualdad entre hombres y mujeres) en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020) de cara al 2021”.

Las mujeres mexicanas enfrentan desventajas ancestrales, que la pandemia por COVID-19 solo vino a hacer más evidentes e incluso a recrudecer, como lo demuestra la tendencia ascendente de los indicadores en materia de violencia doméstica, trabajo no remunerado, desempleo, informalidad y feminicidio, lo que deja en claro que la agenda de equidad de género no es una prioridad y es vista con menosprecio en la actual administración.

Especialistas en temas de equidad de género y trabajo no remunerado advertían hace unos días que después de la pandemia, son las mujeres las que tienen mayor riesgo de engrosar las filas de desempleo y pobreza.

Además, señalaron que la emergencia sanitaria solo vino a evidenciar y -en la mayoría de los casos- empeorar la inequitativa carga laboral de las mujeres, quienes se vieron en la necesidad de cubrir jornadas más extensas con mayor número de actividades y responsabilidades, al tenerla que hacer de maestras o enfermeras, pero sin desatender su empleo remunerado a través de home office, los quehaceres domésticos y la proveeduría de alimentos para la familia.

La sabiduría de las abuelas dice que: “palo dado, ni Dios lo quita”, refrán popular que viene muy al caso ahora por el recorte de 151.9 millones al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), lo que se traduce a una reducción presupuestal del 75%. Los que saben dicen con palabras que intentan dar consuelo que este recorte, supuestamente, no afectará programas sustantivos, pero sí el gasto operativo.

Mujeres que han abanderado por años la lucha feminista y, que ahora, ocupan altos cargos dentro de la 4t o son integrantes de las obesas bancadas legislativas de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, salieron rápidamente a tratar de justificar esta decisión, a través de sus cuentas twitter o en sendos comunicados.

El consuelo no faltó. Argumentaron que este recorte solo afectará gastos operativos, por lo que el Instituto muy seguramente podría quedarse sin personal, sin computadoras o sin servicios de telefonía y luz, como ya se prevé que ocurra en otras dependencias, para llevar a buen puerto los programas sustantivos a su cargo.

Otras, tocaron tambores de guerra y valientemente se comprometieron a analizar si existen otras partidas que puedan redirigirse a los efectos de la pandemia, sin necesidad de afectar recursos esenciales para la protección de los derechos de las mujeres.

Las más rudas advirtieron (seguramente con un tono amenazante que ha de haber dejado helado a más de uno), que promoverán un Parlamento Abierto “para proponer una vía para fortalecer los recursos del Anexo 13 (que contempla los recursos asignados para la igualdad entre hombres y mujeres) en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2020) de cara al 2021”.

Las mujeres mexicanas enfrentan desventajas ancestrales, que la pandemia por COVID-19 solo vino a hacer más evidentes e incluso a recrudecer, como lo demuestra la tendencia ascendente de los indicadores en materia de violencia doméstica, trabajo no remunerado, desempleo, informalidad y feminicidio, lo que deja en claro que la agenda de equidad de género no es una prioridad y es vista con menosprecio en la actual administración.

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