El abuso policial es un peligro latente para todas las sociedades. El poder que se otorga a estas corporaciones puede convertirse en un cheque en blanco para disponer de las vidas de las personas, sin ningún otro límite que el propio criterio de un uniformado, sea de una policía estatal, de una Guardia Nacional o del Ejército, para decidir entre someter a un posible infractor de la ley con respeto a sus derechos o abusar del poder que le otorga una insignia para disponer de su vida.
Históricamente, en los peores escenarios, los cuerpos policiacos se convertían en bandas criminales paralelas o en grupos de choque del gobierno, no había entonces ningún freno que pusiera un límite a sus actuaciones.
Después llegaron los compromisos y avances en materia de Derechos Humanos a nivel de convenciones internacionales y leyes locales, e incluso el cambio del sistema de procesamiento penal que controla las actuaciones policiales en las detenciones en la llamada fase de “control de la detención”, donde el juez debe ratificar o no la legalidad de las mismas, considerando elementos que confirmen que se ha hecho apegada a la ley al respeto a los derechos de las personas.
Pese a todo, el abuso del poder policial sigue siento una constante tanto en países occidentales, por definición “democráticos”, como en países con gobiernos autoritarios.
Algo de esta dinámica tiene la muerte de George Floyd, a manos de un policía con un historial de abusos. Las versiones periodísticas apuntan a un cuerpo policial en el que estas actuaciones han sido una constante, con muy pocas consecuencias para quienes, en lugar de proteger a los ciudadanos, los criminalizan, más aún en contextos de racismo y clasismo o bien, como ocurre en otros países, de cooptación de estos cuerpos por grupos del crimen organizado.
Ahora tenemos el movimiento que quiere poner el foco en la muerte de Giovanni López en Jalisco ocurrida en mayo, pero también quedan en la memoria otros casos como los de Jorge Antonio Mercado Alonso, Javier Francisco Arrendondo, Alberta Alcántara, Teresa González, Rosendo Radilla, Inés Fernández Ortega, entre otros casos de abuso, tortura y muerte.
Cada año la CNDH recibe al menos 1000 quejas por abusos de corporaciones policiales federales, estatales, de investigación o del Ejército.
En una encuesta a 63 mil personas privadas de su libertad en cárceles mexicanas, el INEGI encontró que el 64% reportó algún tipo de violencia (física y mental) en su detención.
Lo peor es que, en muchos casos no pasa nada. No hay consecuencias para los uniformados que abusan de su poder. El Comité contra la Tortura de la ONU destacó que de 3.214 denuncias de tortura en México realizadas tan sólo en 2016, apenas ocho dieron lugar a una detención y un juicio.
Sobre por qué los policías o el Ejército son protegidos o sus acciones violentas no tienen una consecuencia puede deberse a que, en realidad, son concebidos como cuerpos de protección del propio gobierno y no de los ciudadanos, es decir, están pensados para preservar el control a toda costa.
Además, los propios gobiernos prefieren pasar por alto los abusos, de la magnitud que sean, para evitar restarle autoridad a sus policías frente a los ciudadanos. Ni hablar de las corporaciones que sirven a intereses de grupos criminales.
La realidad es que las sociedades ya no están dispuestas a tolerar actuaciones arbitrarias y abusivas de las autoridades y que ahora los ciudadanos tienen en sus manos el poder de la evidencia cuando publican los hechos que hemos visto en videos de los propios ciudadanos en estos días con respecto a la muerte de Floyd. Las cosas tienen que empezar a cambiar o la sociedad lo hará del modo menos esperado.
