Las alianzas entre grupos delictivos de alta peligrosidad, sus ilegales tareas compartidas, podrían ser el soporte material de lo que parecería más un concepto que materialidad delincuencial: ante el real o percibido avance delincuencial en algunas zonas del país, cada vez parece menos práctico separar a los grupos delictivos como los delitos cuyo concurso y convergencia es tan común al pragmatismo criminal.
Evidencia periodística en ese sentido fue presentada por La Prensa en el trabajo de Noel F. Alvarado que ya en varias entregas sustancia la aseveración que ahora comparto: este diario es probablemente de todos los de vocación pública y popular uno de los más revolucionados durante este cambio de régimen. Tiene entre sus alertas centrales los temas de la seguridad nacional y la seguridad pública y/o ciudadana.
No se pierde oportunidad en el reportaje publicado este martes en señalar evidencia policial y periodística que sitúa algunos de los puntos que pueden ser identificados como “grandes almacenes” de productos ilegales, especialmente droga, que provienen de otras entidades o incluso de otros países y que pasan eventualmente por la capital nacional.
La seguridad nacional y la seguridad pública tocan sus propias fronteras.
Las definiciones vigentes son útiles para la delimitación jurisdiccional, operativa, investigativa y para el despliegue del sistema de procuración de justicia en sus objetivos de contribución al fortalecimiento de una noción compartida de justicia. Al mismo tiempo son fronteras siempre en discusión a grado tal de que ahora, por ejemplo, se halla en construcción el tema de la ciberseguridad como en progreso el empuje material y la reducción de las actuales amenazas a la seguridad nacional y ciudadana que se han registrado en la capital nacional.
La decisión política, sistemática, disciplinada y cotidiana de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como la intervención con nuevas capacidades operativas y normativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch y la renovación institucional en la Fiscalía General de Justicia que lidera Ernestina Godoy, apoyados en políticas públicas sociales y en la denuncia ciudadana indispensable, han generado un replanteamiento de las fronteras predominantes referidas también por La Prensa.
Desde otro punto de vista, abstracto y académico, a partir de este martes inició, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX con la Universidad Iberoamericana, su segundo diplomado para discutir norma, conceptos, operación, materialidad y prospectiva de la seguridad. Es un tema central y hay que estar atento a la mejores formas de atención de un fenómeno inevitablemente politizable.
Interesa a la ciudadanía y a los actores institucionales tomar en cuenta la aportación periodística, experimentada, ciudadana que desde varios flancos se genera y este diario refiere e impulsa.
Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
