La pandemia por Covid-19 aún no termina y así lo demuestran las cifras de contagios y mortalidad, pero la Secretaría de Salud ya prepara la mudanza para trasladar su sede al puerto de Acapulco, Guerrero, como si no hubiera problemas más urgentes que atender.
Los voceros oficialistas argumentaron al inicio de la administración que les habían dejado un sistema de salud desmantelado y corrupto; pero en tres años, no sólo no han podido resolver ninguno de los problemas que señalaron, sino que ahora, esos problemas han crecido y han surgido muchos otros más.
Según el Coneval en 2018, el 16.2% de los mexicanos no tenían acceso a servicios de salud pública, pero en el 2020 esta población se incrementó y ahora ya es de 28.2%.
La organización Cero Desabasto manifestó su preocupación por el debilitamiento financiero que el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) ha tenido en los últimos dos años, con una reducción real de 44%, lo que pone en riesgo la atención médica y tratamiento para pacientes con enfermedades de alto costo, también llamadas “ enfermedades catastróficas”.
No hay que dejar de lado que la pandemia sigue sin poderse contener, pues hasta el 3 de octubre suman 3, 681,960 casos confirmados y 292 mil 151 defunciones (sospechosas incluidas); mientras que el 54.10% de la población mayor de 18 años tiene su esquema completo de vacunación y hay una fuerte presión para que sean vacunados los niños de 12 a 17 años con comorbilidades definidas por la OMS.
El asunto de vacunación también se complica para aquellos mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos pero no hayan recibido las vacunas Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac/Coronavac, que son las únicas que reconoce y acepta el vecino del norte.
La austeridad y el combate a la corrupción en la adquisición de medicamentos, lejos de dar los resultados esperados ha generado un mayor desabasto, compras de emergencia a sobrecostos y un impresionante rezago en materia de regulación sanitaria; el cual no solo obstaculiza la liberación de licencias y permisos de nuevos medicamentos, sino que también lleva el riesgo de autorizar la entrada al país de fármacos de bajo costo pero de dudosa calidad. Todo esto, cuando la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) -que de ser un organismo autónomo pasó a ser parte de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud- fue intervenida el pasado primero de octubre por la Secretaría de la Marina, para detener a funcionarios de alto nivel, según trascendió en varios medios de comunicación.
