/ jueves 16 de julio de 2020

Militares en Ayotzinapa

Existe inquietud en un sector del medio castrense por el nuevo curso de las investigaciones contra militares que participaron en el operativo del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que se saldó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hace unos días se difundió la declaración de uno de los detenidos “de identidad reservada”, que menciona dos puntos sobre los que la autoridad ministerial deberá profundizar.

Menciona posibles sobornos a militares del cuartel de este municipio para permitir el tráfico de droga, dinero y armas por esta zona de Guerrero. También asegura que los soldados detuvieron a “numerosos jóvenes” para llevárselos a interrogar a las instalaciones castrenses para después entregarlos al grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y desaparecido.

¿Qué tan factible es esta versión anónima?

Los sobornos a militares en Guerrero no serían nada nuevo, existen casos documentados a lo largo del tiempo de que esto ha ocurrido con algunos comandantes en varias partes de la entidad sin que se sancione.

Lo que siembra dudas es la acción directa de los soldados para realizar lo que el testigo dice sucedió. Efectuar una operación como la que se menciona, implica movilizar por lo menos a una sección, equivalente a 30 militares, pero lograr que todos los involucrados se queden callados es casi imposible.

Las operaciones de ese tipo no las pueden realizar tropas regulares, tendrían que haber sido integrantes de un grupo especial, dice un oficial del Ejército especializado en análisis de inteligencia. El soldado común no está entrenado para ese tipo de operaciones, sobre todo porque no pueden mantener el secreto.

Meter civiles a un cuartel de noche implica que muchos se enteren. Primero los soldados de guardia, después el oficial del cuartel, seguirían el oficial de día, el comandante y segundo comandante. Su salida de ninguna forma hubiera pasado desapercibida.

Lo que se sabe es que soldados del 27 batallón de infantería con cuartel en Iguala, al mando del capitán José Martínez Crespo, intervinieron esa noche cuando interrogaron a un grupo de jóvenes que habían llevado a uno de sus compañeros herido para que lo atendieran en una clínica.

Desde la llegada de los autobuses con los estudiantes a Iguala, un integrante del grupo de información del batallón fue testigo del momento en que policías bajan a los jóvenes, y reportó ese hecho a sus superiores jerárquicos. La orden que recibió fue retirarse del lugar.

La incógnita es qué hizo el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 de infantería, con esa información. Si siguió la doctrina militar debió de reportar con sus superiores para saber cómo proceder. Debió haber informado al comandante de la 35 zona, del que dependía jerárquicamente, en ese momento el general Alejandro Saavedra Hernández. La cadena de mando seguía hacia arriba con el comandante de la región en Acapulco, quien debió informar al Estado Mayor de la Defensa Nacional, de donde vendría la orden de intervenir o no hacerlo.

Las operaciones militares no permiten que alguno de los que participen haga algo sin que el resto de la unidad se entere. Impera un sistema de mutua supervisión. Y la cadena de mando es clave.

@velediaz424


Existe inquietud en un sector del medio castrense por el nuevo curso de las investigaciones contra militares que participaron en el operativo del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, que se saldó con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hace unos días se difundió la declaración de uno de los detenidos “de identidad reservada”, que menciona dos puntos sobre los que la autoridad ministerial deberá profundizar.

Menciona posibles sobornos a militares del cuartel de este municipio para permitir el tráfico de droga, dinero y armas por esta zona de Guerrero. También asegura que los soldados detuvieron a “numerosos jóvenes” para llevárselos a interrogar a las instalaciones castrenses para después entregarlos al grupo criminal llamado “Guerreros Unidos”, quienes los habrían asesinado y desaparecido.

¿Qué tan factible es esta versión anónima?

Los sobornos a militares en Guerrero no serían nada nuevo, existen casos documentados a lo largo del tiempo de que esto ha ocurrido con algunos comandantes en varias partes de la entidad sin que se sancione.

Lo que siembra dudas es la acción directa de los soldados para realizar lo que el testigo dice sucedió. Efectuar una operación como la que se menciona, implica movilizar por lo menos a una sección, equivalente a 30 militares, pero lograr que todos los involucrados se queden callados es casi imposible.

Las operaciones de ese tipo no las pueden realizar tropas regulares, tendrían que haber sido integrantes de un grupo especial, dice un oficial del Ejército especializado en análisis de inteligencia. El soldado común no está entrenado para ese tipo de operaciones, sobre todo porque no pueden mantener el secreto.

Meter civiles a un cuartel de noche implica que muchos se enteren. Primero los soldados de guardia, después el oficial del cuartel, seguirían el oficial de día, el comandante y segundo comandante. Su salida de ninguna forma hubiera pasado desapercibida.

Lo que se sabe es que soldados del 27 batallón de infantería con cuartel en Iguala, al mando del capitán José Martínez Crespo, intervinieron esa noche cuando interrogaron a un grupo de jóvenes que habían llevado a uno de sus compañeros herido para que lo atendieran en una clínica.

Desde la llegada de los autobuses con los estudiantes a Iguala, un integrante del grupo de información del batallón fue testigo del momento en que policías bajan a los jóvenes, y reportó ese hecho a sus superiores jerárquicos. La orden que recibió fue retirarse del lugar.

La incógnita es qué hizo el entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 de infantería, con esa información. Si siguió la doctrina militar debió de reportar con sus superiores para saber cómo proceder. Debió haber informado al comandante de la 35 zona, del que dependía jerárquicamente, en ese momento el general Alejandro Saavedra Hernández. La cadena de mando seguía hacia arriba con el comandante de la región en Acapulco, quien debió informar al Estado Mayor de la Defensa Nacional, de donde vendría la orden de intervenir o no hacerlo.

Las operaciones militares no permiten que alguno de los que participen haga algo sin que el resto de la unidad se entere. Impera un sistema de mutua supervisión. Y la cadena de mando es clave.

@velediaz424


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