/ viernes 16 de agosto de 2019

Más pruebas vs “Ley Bonilla”

Detalles adicionales a otra trama de corrupción denominada “Ley Bonilla”, han salido a la luz pública.

Toda una serie de irregularidades se le han sumado al gobernador electo de Morena en Baja California,Jaime Bonilla.

Primero, se ventilaron datos relacionados a su doble nacionalidad: estadounidense y mexicana.

Aún así, concurrió a las elecciones del pasado julio del 2018, donde se alzó con la victoria.

No conforme maniobró para que los diputados salientes del Congreso local ampliaran de dos a cinco años su mandato.

Ello generó una ola de inconformidad en todos los partidos y sectores, incluido Morena.

Uno de los actores más aguerridos, es ex candidato del PRD al gobierno de esa entidad, Jaime Martínez Veloz.

Resulta que fue el primero en denunciar el ofrecimiento de un millón de dólares al presidente del Congreso estatal para que llamara a sesionar.

Este jueves, Martínez Veloz acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar pruebas de la “compra” de diputados.

Las cifras entregadas a los legisladores oscilan –reveló- entre los 200 mil y 300 mil dólares.

Acudió con el respaldo de los dirigentes del PRD, Ángel Ávila, Fernando Balauzarán y Nora Arias, de la Ciudad de México.

Un grupo de militantes perredistas de la capital del país, también protestó con pancartas contra la “Ley Bonilla”.

Ángel Ávila alertó sobre el pernicioso antecedente que pudiera generar para la estabilidad del país la “Ley Bonilla”.

Está claro que cada vez son más las voces y denuncias presentadas contra ese atropello a la Constitución.

Sin duda que esta serán una “prueba de fuego” para la FGR de Alejandro Gertz. Sólo es cuestión de tiempo.

PROSPECCIÓN… Para el abogado experto en derecho penal, Kurt Hermann Heyn, las sanciones de cinco a 10 años para quienes cometan delitos contra los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), son necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los uniformados. Kurt afirmó que los policías deben sentirse protegidos por las instituciones a las que sirven, y contar con el respaldo legal que aseguren su integridad e independencia.

Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx

Detalles adicionales a otra trama de corrupción denominada “Ley Bonilla”, han salido a la luz pública.

Toda una serie de irregularidades se le han sumado al gobernador electo de Morena en Baja California,Jaime Bonilla.

Primero, se ventilaron datos relacionados a su doble nacionalidad: estadounidense y mexicana.

Aún así, concurrió a las elecciones del pasado julio del 2018, donde se alzó con la victoria.

No conforme maniobró para que los diputados salientes del Congreso local ampliaran de dos a cinco años su mandato.

Ello generó una ola de inconformidad en todos los partidos y sectores, incluido Morena.

Uno de los actores más aguerridos, es ex candidato del PRD al gobierno de esa entidad, Jaime Martínez Veloz.

Resulta que fue el primero en denunciar el ofrecimiento de un millón de dólares al presidente del Congreso estatal para que llamara a sesionar.

Este jueves, Martínez Veloz acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar pruebas de la “compra” de diputados.

Las cifras entregadas a los legisladores oscilan –reveló- entre los 200 mil y 300 mil dólares.

Acudió con el respaldo de los dirigentes del PRD, Ángel Ávila, Fernando Balauzarán y Nora Arias, de la Ciudad de México.

Un grupo de militantes perredistas de la capital del país, también protestó con pancartas contra la “Ley Bonilla”.

Ángel Ávila alertó sobre el pernicioso antecedente que pudiera generar para la estabilidad del país la “Ley Bonilla”.

Está claro que cada vez son más las voces y denuncias presentadas contra ese atropello a la Constitución.

Sin duda que esta serán una “prueba de fuego” para la FGR de Alejandro Gertz. Sólo es cuestión de tiempo.

PROSPECCIÓN… Para el abogado experto en derecho penal, Kurt Hermann Heyn, las sanciones de cinco a 10 años para quienes cometan delitos contra los servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), son necesarias a fin de salvaguardar la integridad de los uniformados. Kurt afirmó que los policías deben sentirse protegidos por las instituciones a las que sirven, y contar con el respaldo legal que aseguren su integridad e independencia.

Twitter: @JoelSaucedo

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