Por Marinieves García-Manzano
Perú es la economía 51 del mundo y la minería representa más del 50% de sus divisas. En 2021 ocupaba el lugar 105 de 180 países del Índice de Percepción de Corrupción, México ocupa el puesto 124.
Los escándalos de corrupción presidencial en Perú han sido repetitivos a lo largo de los últimos 30 años, y uno de los más conocidos es el de Alberto Fujimori quien dimitió tras publicarse algunos videos en los que aparecía el siniestro Vladimiro Montesinos sobornando a políticos. Después de una cumbre de la APEC huyó a Japón y mandó su renuncia por fax, años después fue detenido en Chile desde donde fue extraditado a Perú, siendo condenado en 2009 a 25 años de cárcel por el secuestro de un empresario y un periodista, y por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta cometidas por el ejército bajo su mandato, entre otros. También llevó a cabo la esterilización forzada de más de 8,000 mujeres indígenas a quienes operaban sin su consentimiento como parte de un programa de “planificación familiar”. En diciembre de 2017 fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski como “un gesto humanitario”, pero un año después un juez anuló el indulto y regresó a prisión. En marzo de este año, el Tribunal Constitucional restableció los efectos de aquel indulto.
Otro de los expresidentes de Perú, Alan García, se suicidó en 2019 cuando estaba a punto de ser detenido por el famoso “Caso Odebrecht”, en el que también están involucrados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humana y el propio Kuczynski.
Ahora es Pedro Castillo, quien fue maestro y líder sindical, y asumió la presidencia en julio del año pasado. Castillo es conocido por negarse a dar entrevistas a la prensa y por las erráticas designaciones de los miembros de su gabinete, de los cuales 8 están siendo investigados por delitos como lavado de activos y fraude. Dentro de sus propuestas de campaña incumplidas se encuentran vender el avión presidencial y convertir el palacio de gobierno en un museo, renunciar a su sueldo presidencial y a su pensión vitalicia, renegociar contratos con empresas mineras, y aplicar la “muerte civil” para funcionarios acusados de corrupción; a un año de su mandato es el presidente más impopular desde Fujimori.
Recientemente el Fiscal de la Nación dio a conocer que lo está investigando por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, acusándolo de delitos como colusión agravada, traición a la patria y delitos contra la administración pública. Hace unos días se entregó su exsecretario de Despacho tras cuatro meses prófugo por haber sido acusado de recibir dinero para ascender a funcionarios de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acciones que habrían sido consentidas por Castillo.
También está pendiente de resolverse una acusación contra él y su esposa por el plagio de su tesis de maestría, de la que al menos el 54% habría sido copiada de otras investigaciones.
Twitter: MarinievesGM @gm_marinieves
