/ miércoles 22 de julio de 2020

¿Lozoya en libertad?

¿Qué sucede con Emilio Lozoya, extraditado de España a México la semana pasada?

Hay una desinformación absoluta. ¿En calidad de qué llegó a México? ¿A disposición de qué autoridad fue puesto?

¿Qué autoridad decidió llevarlo a un hospital? ¿En calidad de qué está detenido?

Lo que sí queda claro es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tomado el caso Lozoya para intimidar a la oposición.

De facto se ha convertido en el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), al hablar todas las mañanas del tema.

Ayer dijo: la información que pueda proporcionar como “testigo protegido”, ayudará a limpiar de corrupción a México.

Pero hay demasiadas dudas e inconsistencias que podrían llevar a la libertad de Lozoya.

Eso lo explica el maestro en Derecho Penal por el INACIPE, Moisés M. Castillo Guerrero:

El extraditado debió haber sido puesto a disposición del juez, pues sólo él puede autorizar el internamiento en un hospital.

Ha vencido el plazo constitucional de 72 horas para definir la situación jurídica. Se desconoce que se haya solicitado la ampliación del mismo.

La declaración inicial al imputado, la debe tomar la autoridad judicial (juez), por lo que la autoridad administrativa (Ministerio Público), no puede actuar sobre eso por sí misma.

“Si no se observan esas formalidades esenciales, la detención podrá estimarse ilegal y se debería dejar en libertad al sujeto”, argumenta el maestro Castillo.

Si al Ministerio Público le interesa la información que pueda ofertar el imputado, hay vías para lograrlo, indica el litigante.

Es posible –dice- abandonar la situación de imputado y asumir la de testigo, pero de acuerdo a la ley.

Lo que no puede suceder es “burlar” los términos de la extradición e incomunicar al detenido que debe estar a disposición del juez, en tanto se resuelve su estatus jurídico.

Lo más grave sería que si se está ante una “privación ilegal de la libertad”, además de las responsabilidades oficiales, todas las pruebas obtenidas bajo esas condiciones se considerarán inválidas y serán desechadas.

PROSPECCIÓN… ¿Acaso en eso consiste el pacto con Lozoya?

Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx


¿Qué sucede con Emilio Lozoya, extraditado de España a México la semana pasada?

Hay una desinformación absoluta. ¿En calidad de qué llegó a México? ¿A disposición de qué autoridad fue puesto?

¿Qué autoridad decidió llevarlo a un hospital? ¿En calidad de qué está detenido?

Lo que sí queda claro es que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tomado el caso Lozoya para intimidar a la oposición.

De facto se ha convertido en el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), al hablar todas las mañanas del tema.

Ayer dijo: la información que pueda proporcionar como “testigo protegido”, ayudará a limpiar de corrupción a México.

Pero hay demasiadas dudas e inconsistencias que podrían llevar a la libertad de Lozoya.

Eso lo explica el maestro en Derecho Penal por el INACIPE, Moisés M. Castillo Guerrero:

El extraditado debió haber sido puesto a disposición del juez, pues sólo él puede autorizar el internamiento en un hospital.

Ha vencido el plazo constitucional de 72 horas para definir la situación jurídica. Se desconoce que se haya solicitado la ampliación del mismo.

La declaración inicial al imputado, la debe tomar la autoridad judicial (juez), por lo que la autoridad administrativa (Ministerio Público), no puede actuar sobre eso por sí misma.

“Si no se observan esas formalidades esenciales, la detención podrá estimarse ilegal y se debería dejar en libertad al sujeto”, argumenta el maestro Castillo.

Si al Ministerio Público le interesa la información que pueda ofertar el imputado, hay vías para lograrlo, indica el litigante.

Es posible –dice- abandonar la situación de imputado y asumir la de testigo, pero de acuerdo a la ley.

Lo que no puede suceder es “burlar” los términos de la extradición e incomunicar al detenido que debe estar a disposición del juez, en tanto se resuelve su estatus jurídico.

Lo más grave sería que si se está ante una “privación ilegal de la libertad”, además de las responsabilidades oficiales, todas las pruebas obtenidas bajo esas condiciones se considerarán inválidas y serán desechadas.

PROSPECCIÓN… ¿Acaso en eso consiste el pacto con Lozoya?

Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx