En pleno gobierno de la austeridad republicana, existe una burocracia dorada.
Se trata de los “Servidores de la Nación”, que en los hechos resultaron “servidores de AMLO”.
El detallado estudio “Servidores de la Nación. La Operación Política del Gobierno de la 4T”, de Rafael Hernández Estrada, plasma con claridad lo anterior.
Las cifras son demenciales, pues en nómina y operación el gasto es de 3 mil 240 millones de pesos.
Ello es independiente de los 220 mil millones de pesos anuales del presupuesto de los programas sociales asistencialistas.
Tan sólo el sueldo mensual bruto del coordinador de los superdelegados, es de 139 mil pesos, muy por encima del salario del Presidente López Obrador.
A su vez cada superdelegado estatal percibe 122 mil 512 pesos mensuales. La suma de los 32 funcionarios de cada entidad es de 3 millones 920 mil pesos.
Cada superdelegado, tiene un minigabinete de cuatro subdelegados que dan un total de 128 funcionarios más, que representan al erario 113 millones de pesos anuales.
Según Hernández Estrada, durante la primera quincena de agosto de 2019, se contabilizaron 18 mil 132 “servidores de la nación”.
Cada “servidor de AMLO” percibe un salario de 10 mil 217 pesos mensuales. La suma de todos es de 185 millones de pesos mensuales, lo que al año arroja 2 mil 223 millones de pesos.
Los 3 mil 240 millones de pesos, equivalen al presupuesto 2019 del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).
Asimismo, al presupuesto del Fondo Metropolitano y al de la Actualización del Padrón Electoral y expedición de la credencial para votar con fotografía del INE.
Equivale a 1.5 veces del recortado Programa de Estancias Infantiles e igual cantidad al Programa del Instituto Nacional de Educación Para Adultos.
Es dos veces del Programa Contra las Adicciones y 10 veces el recortado Programa de los Refugios para Mujeres Víctimas de Violencia intrafamiliar.
Esta es la burocracia creada al servicio del Presidente.
PROSPECCIÓN… Por cierto, el Presidente López Obrador pidió a los diputados federales su apoyo para disminuir el financiamiento público a los partidos.
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