Sumida en su peor crisis y rehén de grupos que presionan para conseguir mayores recursos, la Cámara de Diputados no tiene para cuándo aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. Se dice que el viernes podría iniciar la discusión del documento correspondiente, sin embargo, se mantiene un panorama incierto.
Desde el 6 de noviembre está en parálisis legislativa el recinto de San Lázaro, con un presidente de la Junta de Coordinación Política de ese órgano, Mario Delgado Carillo, que insiste en que no habrá sede alterna para sesionar, por lo complicado que sería el llevar a cabo las votaciones de manera nominal, con el cálculo de que cada una duraría dos horas.
El que no se cumpliera la fecha de ley, 15 de noviembre, para sacar el PEF, ya no es tema relevante para la mayoría de los 500 diputados y algunos insisten en que están en tiempo y forma, debido a que la sesión del día 6 sigue vigente al declararse en receso, porque no hubo acuerdo para sacar en su momento lo relativo a dar mayores atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para congelar cuentas y aplicarles la extinción de dominio, tema pendiente a atender.
Delgado Carrillo quiere salir del paso de la crisis que se vive, con una Cámara sitiada por diversas organizaciones, principalmente campesinas, al asegurar que aún hay tiempo para aprobar el presupuesto; “el 31 de diciembre aún está lejos”, aclaró.
Y algo en que no le ha quedado mal el Poder Legislativo al Ejecutivo Federal, es en lo relativo a la Ley Federal de Austeridad Republicana que en el primer minuto de ayer entró en vigor.
Ello, luego de que el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que expide la legislación aprobada por el Congreso de la Unión el 8 de octubre. La ley tiene como objetivo regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.
La austeridad quedó definida como conducta republicana y política de Estado que se debe acatar para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales.
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