/ viernes 8 de octubre de 2021

Las redes judiciales de Julio Scherer

Además de revelarse el pasado domingo algunos registros financieros de Julio Scherer Ibarra, con los denominados Pandora Papers y Corporativo Kosmos como rabbit hole, empiezan a descubrirse también las redes que durante su paso por la Consejería Jurídica utilizaba para manejar sus asuntos judiciales, los cuales, según diversas fuentes, le llegaban a representar también grandes beneficios.

Esta misma semana, por ejemplo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil sancionó con multa económica a los jueces 24 y 60 Civil de la Ciudad de México, quienes han incurrido en desacato al ignorar la suspensión de amparo que ordena la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a la Fundación Jenkins.

Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 de lo Civil, y José Manuel Salazar Uribe, Juez 60, son los personajes que dictaminaron el embargo precautorio del patrimonio de la familia Jenkins de Landa, luego de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, representada por el abogado Guillermo Barradas, acusara a sus integrantes de desviar sus propios recursos.

Despierta suspicacias que los tres personajes, los dos jueces y el abogado, son exactamente los mismos que operaron judicialmente el caso Cruz Azul.

Yáñez y Salazar como los encargados de emitir las resoluciones que desconocieron la presidencia de “Billy” Álvarez en el Consejo de Administración de la cementera, y Barradas como abogado de la disidencia encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.

En días recientes se ha dado a conocer, desde la propia Fiscalía General de la República, que Guillermo Barradas es el abogado que el ex Consejero Jurídico de la Presidencia enviaba para atender los casos de su particular interés. Ejemplo de ello es la participación también de este personaje en la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.

Habrá que sumarle a esta historia que Barradas es el representante legal de los inversionistas de la empresa Oro Negro, aquellos que buscan llevar a prisión a Gonzalo Gil White, el hijo del ex secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz), quien durante el sexenio foxista intentó, a su vez, encarcelar a Scherer Ibarra por el caso del Consorcio Azucarero Escorpión.

Siguiendo los casos y los personajes podríamos preguntarle a Scherer cuál es su interés en los casos de la UDLAP y de la cementera La Cruz Azul, en los que confluyen sus ya identificados operadores cercanos y en los que, como distintivo común, se ponen en juego cientos de millones de dólares.

En materia económica, la multa a los jueces 24 y 60 de lo Civil suma apenas unas 100 UMAs (alrededor de 9 mil pesos), pero la onda expansiva de la misma alcanza a un personaje que fue clave para la 4T y que, de mantenerse tomadas las instalaciones de la universidad privada, afectará incluso a la cabeza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Magistrado Rafael Guerra Álvarez.

Además de revelarse el pasado domingo algunos registros financieros de Julio Scherer Ibarra, con los denominados Pandora Papers y Corporativo Kosmos como rabbit hole, empiezan a descubrirse también las redes que durante su paso por la Consejería Jurídica utilizaba para manejar sus asuntos judiciales, los cuales, según diversas fuentes, le llegaban a representar también grandes beneficios.

Esta misma semana, por ejemplo, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil sancionó con multa económica a los jueces 24 y 60 Civil de la Ciudad de México, quienes han incurrido en desacato al ignorar la suspensión de amparo que ordena la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a la Fundación Jenkins.

Roberto Yáñez Quiroz, Juez 24 de lo Civil, y José Manuel Salazar Uribe, Juez 60, son los personajes que dictaminaron el embargo precautorio del patrimonio de la familia Jenkins de Landa, luego de que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla, representada por el abogado Guillermo Barradas, acusara a sus integrantes de desviar sus propios recursos.

Despierta suspicacias que los tres personajes, los dos jueces y el abogado, son exactamente los mismos que operaron judicialmente el caso Cruz Azul.

Yáñez y Salazar como los encargados de emitir las resoluciones que desconocieron la presidencia de “Billy” Álvarez en el Consejo de Administración de la cementera, y Barradas como abogado de la disidencia encabezada por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.

En días recientes se ha dado a conocer, desde la propia Fiscalía General de la República, que Guillermo Barradas es el abogado que el ex Consejero Jurídico de la Presidencia enviaba para atender los casos de su particular interés. Ejemplo de ello es la participación también de este personaje en la defensa de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.

Habrá que sumarle a esta historia que Barradas es el representante legal de los inversionistas de la empresa Oro Negro, aquellos que buscan llevar a prisión a Gonzalo Gil White, el hijo del ex secretario de Hacienda (Francisco Gil Díaz), quien durante el sexenio foxista intentó, a su vez, encarcelar a Scherer Ibarra por el caso del Consorcio Azucarero Escorpión.

Siguiendo los casos y los personajes podríamos preguntarle a Scherer cuál es su interés en los casos de la UDLAP y de la cementera La Cruz Azul, en los que confluyen sus ya identificados operadores cercanos y en los que, como distintivo común, se ponen en juego cientos de millones de dólares.

En materia económica, la multa a los jueces 24 y 60 de lo Civil suma apenas unas 100 UMAs (alrededor de 9 mil pesos), pero la onda expansiva de la misma alcanza a un personaje que fue clave para la 4T y que, de mantenerse tomadas las instalaciones de la universidad privada, afectará incluso a la cabeza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al Magistrado Rafael Guerra Álvarez.

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