Pues el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, emplazó procedimientos de denuncia por lavado de dinero contra científicos y empresarios, pese a que esa facultad es de la UIF, de Santiago Nieto, y de la SHCP Romero fue directo a denunciar las operaciones con recursos de procedencia ilícita contra 31 científicos del Conacyt así como como contra Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont. En el oficio 529-I-001/21, el procurador fiscal señaló a el empresario y su esposa el pasado 17 de enero, pese a que el Código Fiscal de la Federación no lo tiene previsto. En el exceso, el procurador firmó en suplencia del secretario y del subsecretario de Hacienda; del subsecretario de Ingresos, del subsecretario de Egresos y del Oficial Mayor, hizo a un lado a Nieto y toda la cadena de funcionarios que sí tienen facultades para bloquear cuentas e interponer denuncias por lavado de dinero y delincuencia organizada y ahora lo que puede pasar es que como la FGR no contactó a la UIF para perfeccionar las querellas exista una vía mediante amparo que frene la orden de aprehensión contra científicos, Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont. Por lo pronto, nos dicen, Romero tiene cita en Palacio Nacional.
La reforma eléctrica ya se puso demasiado caliente y aunque el director de la CFE, Manuel Bartlett, no tiene dudas, no puede asegurar su paso y tendrán que discutir el tema. Por lo pronto, el mensaje que viene del Senado es que frente a la diversidad de posturas lo que va a hacer Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es abrir una nueva etapa en el Congreso y apelar a que se eleve el nivel de la discusión porque las posturas ideológicas los obligan a actuar con mesura y buscar consensos.
El linchamiento de Huitzilac no es un tema menor y en Morelos las cosas se ponen color de hormiga para el Gobiermo de Cuauhtémoc Blanco y ahora su secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, que debe explicar a la Fiscalía Anticorrupción lo que hizo, debe hacer y hará en relación al operativo que culminó en el linchamiento de dos personas. Debería haver informado el 30 de septiembre, no lo hizo y ahora tiene que pagar una multa de casi 80 mil pesos y, adicionalmente, obedecer el mandato de explicar su actuar como servidor público.
PD: El Tribunal Electoral le da luz verde al INE para investigar a Pío López por los sobres con dinero que le entregaron en 2015, José Luis Vargas proponía frenar la investigación porque el delito había prescrito, hasta Mónica Soto Fregoso, su aliada, que siempre vota con él -lo ha hecho en cosas realmente extrañas- hoy lo dejó morir sólo.
