La reforma energética de 2013, le permitió a los grandes generadores y compradores de luz, la posibilidad de celebrar contratos de cobertura eléctrica, en los cuales se pactaba precio, cantidad de energía y periodo de tiempo de entrega de forma discrecional y sin intervenciones, ocasionando que el mercado eléctrico en México realizara transacciones diarias de energía, en beneficio principalmente de los inversionistas privados participantes.
Uno de los compromisos del actual gobierno en materia eléctrica es evitar aumentar el precio de las tarifas eléctricas. Por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta de reforma que modifica la manera de realizar la generación, transmisión, distribución y suministro-comercialización del sistema eléctrico nacional.
Se busca que la CFE se fortalezca financieramente, al permitirle aumentar su volumen de producción y participación en el mercado de electricidad, retomando el Estado el control estratégico del sector.
La reforma, estimula que la CFE invierta en el futuro en energías estables, redituables y limpias y que incremente sus centrales hidroeléctricas, parques eólicos y solares, para ir en armonía con el resto del mundo.
Mucho se ha especulado que vulnera el libre comercio, la libre competencia, que provocará una baja en la competitividad, así como que desconoce los compromisos asumidos en el T-MEC y que era anticonstitucional.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró constitucional la propuesta del presidente, al señalar que no vulnera la libre competencia y concurrencia en la generación de energía eléctrica y reconoce que la CFE cuenta con las medidas específicas para el beneficio del interés colectivo. De esta manera le otorga el grado de confiabilidad para suministrar sin interrupciones todo el Sistema Eléctrico Nacional.
La reforma eléctrica que se plantea, propone mejores tarifas eléctricas y endeudamiento público al dejar de perder 348.3 mil millones de pesos anuales al dejarse de comprar y distribuir la electricidad de los privados.
Se mantendrá la participación de empresas privadas, tanto en el sector eléctrico como de hidrocarburos, pero será a través de Pemex y CFE, quienes tomaran como prioridad las necesidades de consumo y generación de valor de las empresas.
El Estado se reserva la explotación del litio, lo cual en el mediano y largo plazo significará un importante negocio y fuente de ingresos, al ser la principal materia prima para la fabricación de baterías para celulares, autos eléctricos y el futuro almacenamiento masivo de energía limpia.
En síntesis, se busca el bienestar de los mexicanos, mediante una industria eléctrica fuerte, sana, autosuficiente, creadora de empleo y en crecimiento que apalanque el desarrollo del país.
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