La visión social del actual gobierno generó altas expectativas. Se comprometió a disminuir las desigualdades, destinar 2.6 billones de pesos del presupuesto de 2019 al desarrollo y anunció cambios en varios programas para combatir la corrupción y eficientar el uso de recursos.
Lo que se hizo antes no deja duda de que las cosas se pudieron haber hecho mejor. La Agencia para el Desarrollo (Gesoc A.C), en un reciente análisis de los resultados de la medición de la pobreza en el periodo de 2008-2018, presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) advierte el fracaso del modelo de política social imperante.
Al cierre de 2018, se contabilizaron 150 programas sociales federales y 1,400 programas estatales, que lograron disminuir solo en 2.5% la población en situación de pobreza y 3% las carencias sociales.
En el periodo 2012 a 2017, de acuerdo con estimaciones del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP), el gasto federal en programas pasó de $431 mil 879 millones de pesos a $855 mil 162 millones de pesos, un crecimiento del 98%. La GESOC señala que a este ritmo, se requerirán casi 175 años y 110.3 billones de pesos del presupuesto público federal para eliminar la pobreza.
Pero los cambios que la actual administración ha hecho a los diez programas sociales con contaban con el mayor presupuesto no han generado certidumbre ni claridad y especialistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ya advierten la persistencia de fallas en su operación, evaluación y transparencia, además del riesgo de uso electoral.
Los investigadores del IMCO señalan que cuatro de los 10 programas analizados no tienen reglas claras y otros cuatro asumen que un ingreso adicional es suficiente para eliminar las fuentes de discriminación de los grupos vulnerados, además de no contar mecanismos para verificar que los apoyos los reciben las personas que más lo necesitan.
Señalan que tres de los 6 programas eliminados (Prospera, Estancias Infantiles y Coinversión Social) no debieron ser cancelados debido a los resultados positivos de sus evaluaciones y que la autoridad federal tomó una decisión no solo en contra de la evidencia, sino del bienestar de los beneficiarios de esos programas que sí funcionaban de manera adecuada.
Puntualizan que cuatro de los cinco programas con mayor presupuesto se convirtieron en transferencias monetarias no condicionadas o con requisitos mínimos, lo que no necesariamente resuelve las carencias de los grupos vulnerados y aunque la transferencia aumenta su ingreso, no crea instituciones ni genera capacidades para que estos grupos puedan competir contra otros más privilegiados.
