/ viernes 14 de febrero de 2020

La nueva propuesta de reforma del PFJ

Reformas a la Constitución y en el apartado B del 123 de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado; a la ley federal de la defensoría pública; a la ley de amparo; al Código federal de procedimientos civiles y expedición de dos nuevas leyes: nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se proponen en el paquete que será presentado por el presidente de la república, a propuesta del Poder Judicial Federal.

Se pueden resaltar algunos cambios que implicaría la aprobación del proyecto que fue dado a conocer ayer, por ejemplo: el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, donde el propio Poder Judicial tiene 3 de 7 posiciones, en contraposición al Tribunal especial que el Senado habría querido proponer en las supuestas iniciativas de enero pasado, con la justificación de acabar con la corrupción y las malas actuaciones de jueces y magistrados.

El fortalecimiento se expresa en la nueva ley de carrera judicial cuyo objetivo es, según la propuesta, ser un sistema de ingreso y promoción de los servidores judiciales federales “basado en el mérito y la igualdad de oportunidades”. Es decir,

En cuanto a las sanciones, estas quedan, en la nueva ley del PJF remitidas al título IV de la Constitución que incluye sanciones tales como amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas “por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, como aplica a todo servidor público.

Esta nueva ley contempla la Unidad de investigación de responsabilidades administrativas, cuyo titular designa el pleno del Consejo a propuesta del presidente y que se había adicionado en la reforma de 2018, pero añade, como una de sus funciones la de requerir informes a Hacienda y a la Comisión Bancaria y de Valores y aplicar medidas para que no se destruyan indicios en los procedimientos disciplinarios en contra de magistrados y jueces de distrito, una suerte de medidas cautelares como las del proceso penal.

Las contralorías, como órganos internos de control siguen a cargo el control y la inspección del cumplimiento de las normas administrativas, al cual se agrega la facultad de llevar el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados.

En cuanto al Consejo, este se fortalece pues es quien tiene a su cargo la carrera judicial, cuya nueva ley se propone y por medio de la cual se busca combatir el nepotismo y los nombramientos cruzados de familiares de magistrados y jueces de distrito.

La ley de la carrera judicial que se propone, señala como finalidades de esta “garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos que tomen parte en ella”, lo que, se dice expresamente “no pretende ser un catálogo de buenas intenciones”.

Se habla de fomentar un desarrollo profesional individualizado acorde a las habilidades, perfil y vocación de sus integrantes, así como el principio de “máxima publicidad” en los exámenes de oposición.

Será el Consejo de la Judicatura el que acuerde la forma y parámetros con base en los que serán evaluados los servidores judiciales para que permanezcan en su función, sean promovidos o sean dados de baja de la misma.

Entre sus funciones también está de la nueva organización de los nuevos tribunales de apelación que sustituyen a los unitarios de circuito y los plenos regionales que sustituyen a los de circuito.

Finalmente se pretende una reforma importante a la Defensoría pública federal. Pro tanto estas reformas como las de la Escuela Judicial requerirán recursos y capacitadores. Nada se dice de quienes, se ha dicho, gozan hoy en día de los nombramientos cruzados.


Reformas a la Constitución y en el apartado B del 123 de la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado; a la ley federal de la defensoría pública; a la ley de amparo; al Código federal de procedimientos civiles y expedición de dos nuevas leyes: nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación se proponen en el paquete que será presentado por el presidente de la república, a propuesta del Poder Judicial Federal.

Se pueden resaltar algunos cambios que implicaría la aprobación del proyecto que fue dado a conocer ayer, por ejemplo: el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura, donde el propio Poder Judicial tiene 3 de 7 posiciones, en contraposición al Tribunal especial que el Senado habría querido proponer en las supuestas iniciativas de enero pasado, con la justificación de acabar con la corrupción y las malas actuaciones de jueces y magistrados.

El fortalecimiento se expresa en la nueva ley de carrera judicial cuyo objetivo es, según la propuesta, ser un sistema de ingreso y promoción de los servidores judiciales federales “basado en el mérito y la igualdad de oportunidades”. Es decir,

En cuanto a las sanciones, estas quedan, en la nueva ley del PJF remitidas al título IV de la Constitución que incluye sanciones tales como amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas “por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, como aplica a todo servidor público.

Esta nueva ley contempla la Unidad de investigación de responsabilidades administrativas, cuyo titular designa el pleno del Consejo a propuesta del presidente y que se había adicionado en la reforma de 2018, pero añade, como una de sus funciones la de requerir informes a Hacienda y a la Comisión Bancaria y de Valores y aplicar medidas para que no se destruyan indicios en los procedimientos disciplinarios en contra de magistrados y jueces de distrito, una suerte de medidas cautelares como las del proceso penal.

Las contralorías, como órganos internos de control siguen a cargo el control y la inspección del cumplimiento de las normas administrativas, al cual se agrega la facultad de llevar el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados.

En cuanto al Consejo, este se fortalece pues es quien tiene a su cargo la carrera judicial, cuya nueva ley se propone y por medio de la cual se busca combatir el nepotismo y los nombramientos cruzados de familiares de magistrados y jueces de distrito.

La ley de la carrera judicial que se propone, señala como finalidades de esta “garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos que tomen parte en ella”, lo que, se dice expresamente “no pretende ser un catálogo de buenas intenciones”.

Se habla de fomentar un desarrollo profesional individualizado acorde a las habilidades, perfil y vocación de sus integrantes, así como el principio de “máxima publicidad” en los exámenes de oposición.

Será el Consejo de la Judicatura el que acuerde la forma y parámetros con base en los que serán evaluados los servidores judiciales para que permanezcan en su función, sean promovidos o sean dados de baja de la misma.

Entre sus funciones también está de la nueva organización de los nuevos tribunales de apelación que sustituyen a los unitarios de circuito y los plenos regionales que sustituyen a los de circuito.

Finalmente se pretende una reforma importante a la Defensoría pública federal. Pro tanto estas reformas como las de la Escuela Judicial requerirán recursos y capacitadores. Nada se dice de quienes, se ha dicho, gozan hoy en día de los nombramientos cruzados.


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