/ martes 16 de julio de 2019

La negociación en BC

En las altas esferas gubernamentales tiene claro qué sucedió con la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

De ninguna manera se puede entender lo sucedido sin la intervención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Sobre todo porque el PAN tiene mayoría en el Congreso de Baja California, con 10 diputados.

El cualquier entidad es conocido que el gobernador en turno se convierte en el jefe inmediato de los legisladores de su partido.

Este caso, no es diferente. En consecuencia, los diputados de Acción Nacional no son los únicos responsables del atropello a la ley.

¿Qué hay de fondo en la actuación del gobernador panista? ¿Cómo se logró el acuerdo para que los diputados albicelestes apoyaran a un partido distinto al suyo?

¿Qué tiene qué ver en esto el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo?

El 31 de mayo, el presidente del Congreso, Benjamín Gómez Macías y el candidato priista a la gubernatura Enrique Acosta Fregoso, denunciaron que Peralta les “ofreció cargos públicos y hasta un millón de dólares” para que modificaran el tiempo de la gubernatura antes de las elecciones del 2 de junio.

Hay que recordar Baja California es la única entidad del país en donde el PAN gobernó de manera consecutiva 30 años.

¿Por qué entregar en charola de plata la ampliación del mandato al gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez?

¿Qué pretende ocultar “Kiko” Vega? ¿Es cierta la versión de que recibieron una fuerte cantidad de dinero para reformar la ley?

Lo cierto es que el Comité de Participación Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, difundió lo siguiente:

“La ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez fue negociada entre la fracción parlamentaria de Acción Nacional y Morena (a) cambio de los titulares del Tribunal Anticorrupción, la Auditoría Superior en Baja california y otros cargos claves en la función pública”.

Pues resulta que el día en que los 21 diputados ampliaron a cinco años el periodo del gobernador de Morena, Jaime Bonilla, también votaron a favor de Carlos Montejo para Auditor Superior.

Montejo será el responsable de investigar el gasto público del estado. Pero da la casualidad que es del PAN y trabajó en el gobierno de Vega de Lamadrid, al que deberá auditar.

Más aún, en ese entramado de negociaciones salió electo primer magistrado anticorrupción de Baja California, el abogado Iván José Curiel Villaseñor, cercano a los diputados priistas Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.

Sobra decir que la mayor inconformidad se generó en las filas del PAN estatal, a grado tal que figuras prominentes de la entidad le hicieron llegar su inconformidad el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza.

Entre otras cosas, no sólo piden que se entable juicio político a los diputados panistas, sino que se les expulse e inhabilite para ser dirigentes o candidatos en procesos posteriores.

Pero además, han solicitado la disolución de la dirigencia estatal y la designación de una delegación que supla las funciones del Comité Directivo.

Como están las cosas, todo apunta a la desaparición de los poderes del Estado, pues en el atropello estuvieron involucrados dos de ellos.

El temor de los panistas es que Marko Cortés vaya a ceder a las presiones.

PROSPECCIÓN…Activistas clausuraron simbólicamente el Congreso de Baja California, en rechazo a la ampliación de dos a cinco años el periodo de la gubernatura. Sellaron puertas con carteles y colocaron signos de pesos en referencia a los presuntos sobornos recibidos.

Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx

En las altas esferas gubernamentales tiene claro qué sucedió con la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

De ninguna manera se puede entender lo sucedido sin la intervención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

Sobre todo porque el PAN tiene mayoría en el Congreso de Baja California, con 10 diputados.

El cualquier entidad es conocido que el gobernador en turno se convierte en el jefe inmediato de los legisladores de su partido.

Este caso, no es diferente. En consecuencia, los diputados de Acción Nacional no son los únicos responsables del atropello a la ley.

¿Qué hay de fondo en la actuación del gobernador panista? ¿Cómo se logró el acuerdo para que los diputados albicelestes apoyaran a un partido distinto al suyo?

¿Qué tiene qué ver en esto el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo?

El 31 de mayo, el presidente del Congreso, Benjamín Gómez Macías y el candidato priista a la gubernatura Enrique Acosta Fregoso, denunciaron que Peralta les “ofreció cargos públicos y hasta un millón de dólares” para que modificaran el tiempo de la gubernatura antes de las elecciones del 2 de junio.

Hay que recordar Baja California es la única entidad del país en donde el PAN gobernó de manera consecutiva 30 años.

¿Por qué entregar en charola de plata la ampliación del mandato al gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez?

¿Qué pretende ocultar “Kiko” Vega? ¿Es cierta la versión de que recibieron una fuerte cantidad de dinero para reformar la ley?

Lo cierto es que el Comité de Participación Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, difundió lo siguiente:

“La ampliación de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez fue negociada entre la fracción parlamentaria de Acción Nacional y Morena (a) cambio de los titulares del Tribunal Anticorrupción, la Auditoría Superior en Baja california y otros cargos claves en la función pública”.

Pues resulta que el día en que los 21 diputados ampliaron a cinco años el periodo del gobernador de Morena, Jaime Bonilla, también votaron a favor de Carlos Montejo para Auditor Superior.

Montejo será el responsable de investigar el gasto público del estado. Pero da la casualidad que es del PAN y trabajó en el gobierno de Vega de Lamadrid, al que deberá auditar.

Más aún, en ese entramado de negociaciones salió electo primer magistrado anticorrupción de Baja California, el abogado Iván José Curiel Villaseñor, cercano a los diputados priistas Bernardo Padilla y Alejandro Arregui.

Sobra decir que la mayor inconformidad se generó en las filas del PAN estatal, a grado tal que figuras prominentes de la entidad le hicieron llegar su inconformidad el dirigente nacional Marko Cortés Mendoza.

Entre otras cosas, no sólo piden que se entable juicio político a los diputados panistas, sino que se les expulse e inhabilite para ser dirigentes o candidatos en procesos posteriores.

Pero además, han solicitado la disolución de la dirigencia estatal y la designación de una delegación que supla las funciones del Comité Directivo.

Como están las cosas, todo apunta a la desaparición de los poderes del Estado, pues en el atropello estuvieron involucrados dos de ellos.

El temor de los panistas es que Marko Cortés vaya a ceder a las presiones.

PROSPECCIÓN…Activistas clausuraron simbólicamente el Congreso de Baja California, en rechazo a la ampliación de dos a cinco años el periodo de la gubernatura. Sellaron puertas con carteles y colocaron signos de pesos en referencia a los presuntos sobornos recibidos.

Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx