Nos cuentan que la reunión en el Senado con Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos, fue una petición que ella hizo. Y es que la funcionaria del gobierno de Joe Biden prefirió como interlocutor al Senado y a la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, en su carácter de responsables de la supervisión de la política exterior del país y no ala Comisión Permanente. Nos dicen también, que esto obedece al contacto constante, cordial y fructífero que se ha dado entre la Cámara de Senadores y la embajada de norteamericana, que dirige Ken Salazar. Aunque participarán todos los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado, el líder de la bancada de Morena tendrá un encuentro previo con Granholm.
Desde la FGR nos dicen que no fue bien recibida la órden del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos sobre investigar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por su presunta responsabilidad de homicidio por omisión ante las muertes por Covid-19. Lo interesante es que quien la interpone es el despacho de Javier CoelloTrejo, el ex abogado de Emilio Lozoya. Por cierto, más allá del manejo de la pandemia, el tema central es que si hay una denuncia se debe atender y es trabajo dela FGR.
Finalmente fueron 22 los candidatos registrados para el proceso de sustitución por vacancia de la Secretaria General del Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros dela República Mexicana, para el periodo que concluye el 31 de diciembre de 2024.Con esta decisión el Comité Ejecutivo General del sindicato a partir de este viernes y hasta el sábado 29 de enero de 2022, en ellas podrán participar, por supuesto, Ricardo Aldana, ex tesorero y mano izquierda de Carlos Romero Deschamps; más otros 24 que ni sumados podrán tener más allá de mil 500 votos.El control en las secciones fue tomado desde diciembre pasado y el intento de tomar el control por la disidencia está completamente apagado
PD: La asociación civil Que Siga la Democracia, de Gabriela Jiménez, presentó una queja ante el INAI contra el INE por proporcionar a medios los datos personales de quienes firmaron para que se realice la consulta en abril y pidió se detengan las filtraciones, se sancione porque quebrantaron la confidencialidad de datos personales, dicen, de al menos 400 mil registros y documentos.
