El restaurante Cuatro Vientos donde el presidente López Obrador comió una cecina el 20 de febrero pasado está en problemas, dice su abogado Hipólito Santana, porque la delegación de Capufe quiere que firmen un contrato en blanco por el supuesto pago de un derecho de vía. Los emisarios que dicen ser enviados por el delegado de Capufe, Fernando Moreno, desconocen los permisos obtenidos hace más de 60 años. “Lo disfrazan como contribución para el uso y aprovechamiento de la vía, nos pidió una lista del personal, cuánto vendemos y cuál es la cantidad anual que pagamos al SAT, es una forma de extorsión”. Más aún, le pidieron un porcentaje anual independiente a los pagos de impuestos que se realizan a la SHCP y entonces pidieron presentarán por escrito cuánto iban a cobrar para ver si podían acoger a su demanda, y su respuesta fue “que nos iban a cobrar entre 250 y 300 mil pesos anuales”. Y como no les pagan pues ya les cerraron la lateral para poder acceder al restaurante.
La coalición parlamentaria de Vamos Por México trae una agenda apretada, ya que muchos temas están por venir. En primera instancia van contra la desaparición de órganos autónomos como el INAI y el INE, así como analizar de forma profunda y a conciencia el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 y se impulsen temas como la recuperación económica del país, cubrir la demanda de medicinas de los hospitales públicos, reactivar programas como el Seguro Popular y las Estancias infantiles ¿le parece poca cosa? En agosto serán tiempos de reuniones plenarias y ahí se marcará la seriedad que van a darle a cada cosa.
Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, quiere evitar dejar a los órganos autónomos a merced de la FGR como mecanismo de presión política. Se debe respetar el fuero de fiscales estatales porque son necesarios para la democracia y así resolver en definitiva la persecución de la que dice ser objeto. Carmona Gándara recordó que el 21 de julio del año en curso, presentó una promoción ante el Juzgado Cuarto de Distrito en su estado solicitando se llame a todos los fiscales estatales como terceros interesados a juicio, a fin de que tengan conocimiento que la Cámara de Diputados pretende resolver que ningún titular de una fiscalía estatal como organismo autónomo, goza de la protección constitucional señalada en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal.
PD: Un año de la extradición de Emilio Lozoya …y seguimos.
