La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley máxima, se fundamenta en el principio “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público nace del pueblo y se instituye en beneficio de este”, en consecuencia, la Constitución debe ser resultado de un sistema democrático más allá de una estructura y régimen político. Por tanto, el cumplimiento de valores éticos es fundamental por parte de quienes ejercen la justicia, tanto en su actividad como en sus comportamientos privados con trascendencia pública, habida cuenta de la magnitud que tiene la función judicial para el logro de una armoniosa convivencia social.
Dado que, si son los jueces, quienes por disposición constitucional y su principio de supremacía y división de poderes tienen la obligación a través de sus resoluciones de concretizar los derechos subjetivos y procesales que de la misma emanan, puesto que procesalmente marca los medios y la forma previstos en la ley para hacerlos efectivos. Alienta saber que los jueces federales tienen muy clara su función como guardianes del orden constitucional. Su responsabilidad en el contrapeso del poder es fundamental para la estabilidad nacional y nos hace ver a los ciudadanos, con mucha claridad, que precisamente eso significa la decisión del juez Juan Pablo Bonilla Fierro, a quien felicitamos por su responsable y ética interpretación al suspender una norma que consideró violatoria de derechos humanos.
Se refuerza la postura fuertemente fundamentada en valores éticos y principios rectores en el ejercicio de la actividad judicial, los cuales son esenciales para obtener la confianza pública que requiere el cargo –sin perjuicio de las capacidades académicas y jurídicas de los Magistrados. Mal hace pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos integrantes de la “Cuarta Transformación” en denostar sin fundamentos jurídicos a jueces y autoridades electorales e intentar manipular a la opinión pública.
La función jurisdiccional es instrumento público que tiene una función específica dentro del ordenamiento, que requiere de independencia y autonomía para emitir sus resoluciones para garantizar el derecho de acceso a la justicia, para lo cual sus jueces necesariamente deben adoptar de manera comprometida el Código de Ética del Poder Judicial. Por ello, es deber de todos los mexicanos, incluido el poder ejecutivo, defender y proteger la autonomía e imparcialidad de las instituciones para fortalecer y garantizar el bien común y la plenitud de la sociedad mexicana.
