/ viernes 10 de septiembre de 2021

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Entre los múltiples beneficios que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que tendrá para su gobierno y para el país la llegada a Segob de Adán Augusto López, se encuentra también un perjuicio de gran magnitud, relacionado éste con la oportunidad que se le brinda a los opositores para atacar al nuevo encargado de la política interna por el lado familiar; en específico por la incapacidad que su cuñado, Rutilio Escandón, ha mostrado para controlar los conflictos sociales en el estado de Chiapas.

Escandón Cadena se encuentra casado con la Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, Rosalinda López Hernández, hermana del nuevo inquilino del Palacio de Cobián e hija del fallecido notario tabasqueño Payambé López Falconi, quien se encargó en la época de los 80 de protocolizar las asambleas con las que López Obrador hizo nacer al Partido de la Revolución Democrática en aquellas tierras y, sobre todo, se ganó la amistad incondicional del ahora presidente para él y para sus hijos.

Rosalinda es, para quienes conocen bien a los herederos de don Payambé, quien se quedó como cabeza de familia, la que toma las decisiones personales y políticas, y la que acuerda con la figura presidencial las posiciones que ocuparán sus cercanos. La gubernatura de Rutilio en Chiapas es precisamente resultado de esa relación y, por supuesto, de la conveniencia que representaba para el exgobernador de esa entidad, Manuel Velasco, el dejarle el camino libre al candidato de Morena.

Pero aun con ese apoyo y relación desde Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco no las tiene todas consigo, como se demostró por ejemplo en la visita que realizó hace un par de semanas el presidente a ese estado, cuando en los hechos el convoy del mandatario quedó secuestrado de manera temporal ante las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de estudiantes normalistas y de trabajadores del sector Salud.

En Chiapas prevalece la ingobernabilidad; lo dicen la totalidad de corrientes políticas del sureste y lo comprobó de primera mano el propio López Obrador. Pero el verdadero riesgo de ese clima de debilidad gubernamental no sólo pone en riesgo a la familia López Hernández, sino a los habitantes de un estado que se ha convertido en carne de cañón para el conflicto social, casi siempre con la intervención de las armas.

López Obrador menciona diariamente en sus mañaneras que sus adversarios (los conservadores) quieren desestabilizar a su gobierno y al país, y si estos adversarios alguna vez deciden tomarle la palabra lo harán seguramente generando un conflicto en el estado de Chiapas, en donde están presentes ya los ingredientes para una nueva rebelión que, en este caso, golpeará también en lo más profundo a su flamante secretario de Gobernación.

¿Será por eso que se escucha que Rutilio Escandón podría aterrizar en la CFE?

Entre los múltiples beneficios que el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste que tendrá para su gobierno y para el país la llegada a Segob de Adán Augusto López, se encuentra también un perjuicio de gran magnitud, relacionado éste con la oportunidad que se le brinda a los opositores para atacar al nuevo encargado de la política interna por el lado familiar; en específico por la incapacidad que su cuñado, Rutilio Escandón, ha mostrado para controlar los conflictos sociales en el estado de Chiapas.

Escandón Cadena se encuentra casado con la Administradora General de Auditoría Fiscal del SAT, Rosalinda López Hernández, hermana del nuevo inquilino del Palacio de Cobián e hija del fallecido notario tabasqueño Payambé López Falconi, quien se encargó en la época de los 80 de protocolizar las asambleas con las que López Obrador hizo nacer al Partido de la Revolución Democrática en aquellas tierras y, sobre todo, se ganó la amistad incondicional del ahora presidente para él y para sus hijos.

Rosalinda es, para quienes conocen bien a los herederos de don Payambé, quien se quedó como cabeza de familia, la que toma las decisiones personales y políticas, y la que acuerda con la figura presidencial las posiciones que ocuparán sus cercanos. La gubernatura de Rutilio en Chiapas es precisamente resultado de esa relación y, por supuesto, de la conveniencia que representaba para el exgobernador de esa entidad, Manuel Velasco, el dejarle el camino libre al candidato de Morena.

Pero aun con ese apoyo y relación desde Palacio Nacional, el mandatario chiapaneco no las tiene todas consigo, como se demostró por ejemplo en la visita que realizó hace un par de semanas el presidente a ese estado, cuando en los hechos el convoy del mandatario quedó secuestrado de manera temporal ante las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de estudiantes normalistas y de trabajadores del sector Salud.

En Chiapas prevalece la ingobernabilidad; lo dicen la totalidad de corrientes políticas del sureste y lo comprobó de primera mano el propio López Obrador. Pero el verdadero riesgo de ese clima de debilidad gubernamental no sólo pone en riesgo a la familia López Hernández, sino a los habitantes de un estado que se ha convertido en carne de cañón para el conflicto social, casi siempre con la intervención de las armas.

López Obrador menciona diariamente en sus mañaneras que sus adversarios (los conservadores) quieren desestabilizar a su gobierno y al país, y si estos adversarios alguna vez deciden tomarle la palabra lo harán seguramente generando un conflicto en el estado de Chiapas, en donde están presentes ya los ingredientes para una nueva rebelión que, en este caso, golpeará también en lo más profundo a su flamante secretario de Gobernación.

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