Fueron las palabras del vocero de los diputados priístas, Héctor Yunes Landa, las que incomodaron a los de la bancada de Morena en San Lázaro, en el momento en que se daban los posicionamientos por los asesinatos de integrantes de la familia LeBarón en los límites de Chihuahua y Sonora, por lo cual el pleno camaral guardó un minuto de silencio.
Al condenar en la pasada sesión del martes de la Cámara de Diputados la masacre acontecida, Yunes atinó al exponer que resultó lamentable que mientras sucedió el acto criminal perpetrado contra la familia LeBarón, el gobierno federal utilizó el sistema de inteligencia para perseguir a cibernautas y bots.
“No es suficiente hacer justicia, sino evitar que no se cometan estas masacres. Los 21 mil elementos de la Guardia Nacional, en lugar de cuidar las fronteras, se vayan a hacer sus tareas de seguridad a los estados con problemas”, sostuvo el de la bancada del PRI.
Ello molestó a los morenistas y el que decidió contestar fue el propio Mario Delgado Carrillo. Como coordinador de la fracción de Morena, no estuvo de acuerdo se lucre políticamente con una tragedia de ese tamaño.
Como ya es costumbre entre los de Movimiento Regeneración Nacional e incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para acusar que el desastre heredado convirtió al país en un cementerio.
Los posicionamientos de duelo de los representantes populares, se redujo a dimes y diretes, con un Delgado que arremetió: “parece que se les olvida que es la herencia maldita que le dejaron a este gobierno, que tarde o temprano vamos a revertir, es mucha hipocresía la suya de haber entregado un país cementerio; háganse también responsables de lo que les toca”,
La postura de la fracción del PAN, a través del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, es que el gabinete de seguridad debe esbozar una estrategia e ir a Chihuahua a atender esos casos que tanto lastiman y, “así está todo el país”.
Y al ser aprobado el dictamen de minuta del Senado que reforma la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato, se abre la posibilidad de remover al Presidente de la República mediante el voto libre, directo y secreto, con un 40 por ciento de electores inscritos en la lista nominal.
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