Inclusión laboral de personas con discapacidad

En México, hay más de 8 millones de personas con alguna discapacidad como limitación para caminar, 12.7 millones con limitación para ver, 5.1 millones con problemas auditivos, 2.2 millones con dificultad para comunicarse, 2.4 millones no pueden atender el cuidado personal, 4.9 millones con dificultades para recordar o concentrarse y 1.6 con algún problema o condición mental. Existen más de 20 millones de personas con alguna discapacidad, lo que representa el 16.5% de la población total en México.

El mayor número son mujeres, más de 11 millones. En tanto que hombres son más de 9 millones. Respecto a la edad, el 40.9% se concentra en el grupo de mayores de 60 años, seguido por los de 30 a 59 años (29.8%), después los de 18 a 29 (9.8%), y al final los menores de 17 años (9,1%). Esto indica que en la medida en que la población envejece, aumentará la tasa de discapacidad. A lo que se suma que la mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y sin acceso a un sistema de protección social.

Este sector de la población experimenta las mayores tasas de desempleo e inactividad económica, por lo que es fundamental que se abran posibilidades reales de inclusión laboral donde su discapacidad no sea una condicionante para demostrar que pueden tener un desempeño laboral eficiente, independencia económica, reafirmar su seguridad personal, así como incrementar su bienestar y satisfacción al poder aportar ingresos a su hogar.

Para ello, se requieren de acciones transversales que hagan efectivo su derecho al trabajo, donde las políticas públicas se basen en la equidad; justicia social; igualdad de oportunidades; la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; la accesibilidad; la no discriminación, así como la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad en el mundo laboral.

Bajo este escenario, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, implemento el Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con el fin de convertirse en elemento clave para la articulación de distintos esfuerzos y corregir la situación de estos grupos vulnerables, a través de una política de Estado que les permita mejorar su calidad de vida.

A este esfuerzo se podrían sumar más empresas, abriendo más espacios en sus lugares de trabajo, ya que ello, les permitiría deducir de sus ingresos, el 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de estos trabajadores, así como llegar a obtener diversas certificaciones de calidad y un aumento en la productividad, debido a la valoración que se generara entre sus colaboradores por el sentido de pertenencia e igualdad en el trabajo.

Nos encontramos ante un sector poblacional que durante muchos años estuvo marginado y excluido y al que se le debe permitir su incorporación real, al mundo laboral.

Twitter: @EFGANCIRA