En lo que va del 2020, se registra un promedio de 10.3 mujeres asesinadas al día en México, cifra que aumentó exponencialmente durante el confinamiento, registrándose 309 feminicidios tan sólo en junio, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal.
Durante los últimos 5 años, se han incrementado 129.3% las denuncias por probables delitos de feminicidio, de acuerdo al Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
La mayoría de estas mujeres a las que la violencia les ha arrebatado la vida, tenían entre 20 y 30 años de edad. Sin embargo, se carece de cifras claras de cuántas niñas, niños y adolescentes han quedado huérfanos por feminicidios, pues no ha existido un mecanismo que obligue a los estados a rendir números y características de los menores que son víctimas indirectas y, por si fuera poco, muchas veces presencian la muerte de sus madres.
El pasado 20 de julio del presente año, la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), Nadine Gasman Zilbermann, anunció el próximo Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), trabajado junto con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema Nacional DIF.
Es un buen avance que prevé garantizar el acceso a la justicia, protección, servicios especializados e inmediatos y atención oportuna, buscando no dejar en desamparo a las y los menores que habían sido olvidados por las autoridades durante décadas, quienes generalmente recaen en el cuidado de las abuelas o hermanas de las fallecidas, mujeres también afectadas al adquirir esta responsabilidad y quienes han exigido el apoyo de los gobiernos estatales y federales.
Sin duda, este problema no es particular de México, pues se estima que más de 23 mil menores han quedado en orfandad en América Latina en la última década (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio). Pero en nuestro país, parece venir un avance para visibilizar a estas víctimas indirectas y al menos, en 5 estados de la República Mexicana, ya se cuenta con normas específicas para reparar daños a las y los hijos de víctimas de feminicidios, y para el resto del país, la Ley General de Víctimas indica la obligación de atenderles.
Esperemos la pronta puesta en marcha de este protocolo nacional que promete ser la llave para miles de desamparados y que, además de proporcionar cifras certeras de las víctimas de esta máxima expresión de la violencia de género que adolece nuestro país, fortalezca, impulse y promueva instrumentos que brinden protección, condiciones de seguridad, manutención y atención psicológica, para que quienes quedan en la orfandad enfrenten la pérdida familiar.
