/ lunes 9 de noviembre de 2020

Honesto saqueo

Al demoledor golpe que asestó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la pregonada honestidad del gobierno de la 4T se debe agregar la investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que revela que el 56% de los procesos de compra durante 2018 y 2019 fueron registrados en Compranet una vez que los contratos ya habían iniciado.

La ASF solicitó a la actual administración aclarar el destino de más de 25 mil millones de pesos y señaló que al menos el 55% de esos recursos no tienen ninguna documentación comprobatoria. En los casos más relevantes de opacidad, destaca el desaparecido Seguro Popular hoy Insabi y el Fideicomiso contra Gastos Catastróficos que no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

La revisión de la ASF señala que al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.

El Insabi no es la única institución del sector salud que reporta datos confusos, incompletos o nulos. De acuerdo con la investigación del IMCO, el IMSS es una de las dependencias que más omite publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). En 2019 registró 56 mil tres contratos en Compranet, y tan solo mil 206 en la PNT, es decir, el 2.1%.

El IMCO documenta también la tendencia creciente en la asignación de adjudicaciones directas en el primer año del gobierno de la 4T, que en 2019 fue cuatro puntos porcentuales mayor, respecto al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, al pasar del 35% al 39%.

La corrupción y falta de transparencia siguen ahí, pero ahora, en medio de la complejidad de una pandemia que ha provocado la muerte de más de 95 mil personas; el persistente desabasto de medicamentos y la desprotección en que quedaron miles de pacientes con enfermedades crónicas que tenían garantizada su atención y acceso a tratamiento, cuando la mayoría legislativa de Morena y sus aliados autorizaron al gobierno federal disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar antes llamado Fondo de Gastos Catastróficos.

Al demoledor golpe que asestó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la pregonada honestidad del gobierno de la 4T se debe agregar la investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) que revela que el 56% de los procesos de compra durante 2018 y 2019 fueron registrados en Compranet una vez que los contratos ya habían iniciado.

La ASF solicitó a la actual administración aclarar el destino de más de 25 mil millones de pesos y señaló que al menos el 55% de esos recursos no tienen ninguna documentación comprobatoria. En los casos más relevantes de opacidad, destaca el desaparecido Seguro Popular hoy Insabi y el Fideicomiso contra Gastos Catastróficos que no contó con la integración de los beneficiarios de 95 mil 445 intervenciones financiadas y sólo proporcionó la base de datos de 58 mil 950.

La revisión de la ASF señala que al mes de agosto, el Insabi tenía pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadores de servicios médicos 12 mil 726 intervenciones por 324 millones 731 mil 600 pesos.

El Insabi no es la única institución del sector salud que reporta datos confusos, incompletos o nulos. De acuerdo con la investigación del IMCO, el IMSS es una de las dependencias que más omite publicar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). En 2019 registró 56 mil tres contratos en Compranet, y tan solo mil 206 en la PNT, es decir, el 2.1%.

El IMCO documenta también la tendencia creciente en la asignación de adjudicaciones directas en el primer año del gobierno de la 4T, que en 2019 fue cuatro puntos porcentuales mayor, respecto al último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, al pasar del 35% al 39%.

La corrupción y falta de transparencia siguen ahí, pero ahora, en medio de la complejidad de una pandemia que ha provocado la muerte de más de 95 mil personas; el persistente desabasto de medicamentos y la desprotección en que quedaron miles de pacientes con enfermedades crónicas que tenían garantizada su atención y acceso a tratamiento, cuando la mayoría legislativa de Morena y sus aliados autorizaron al gobierno federal disponer de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar antes llamado Fondo de Gastos Catastróficos.

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