/ viernes 25 de octubre de 2019

Gobierno Abierto y Justicia Transparente

Se acaba de aprobar en el pleno del Senado de la República un dictamen en materia de transparencia que mandata la publicación de todas las sentencias de los poderes judiciales, tanto de la federación, como de los estados.

Se trata de una acción derivada de la propuesta de algunos colectivos sociales bajo el nombre de #LoJustoEsQueSepas, para acceder a la versión pública de todas las sentencias y no sólo de aquellas de interés público como hasta ahora establece la ley general de transparencia y acceso a la información pública en su artículo 73 fracción II.

El dictamen aprobado el pasado 17 de octubre, con 73 votos, debe pasar a la cámara de diputados. Esta reforma implicará para los poderes judiciales un trabajo más amplio para generar las versiones públicas de todas sus sentencias. Las versiones públicas omiten o eliminan del documento original los nombres de las personas involucradas, sus datos personales y otras secciones clasificadas, porque frente a la libertad de información y el llamado derecho a saber de los ciudadanos que pueden acceder a ellas, está el derecho a la privacidad de las personas que fueron parte en los procesos.

En América Latina, pero también a nivel internacional, se ha establecido que el acceso a la información es una “herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía”. El flujo de la información pública, pero de todo tipo de información, es necesario para conocer, entender y tener elementos para exigir la rendición de cuentas del Estado y de sus instituciones.

Hoy en día el sistema de justicia penal es más transparente que nunca. Desde 2016 en todo el país se volvió al procesamiento de los casos en materia penal a través de audiencias orales que permiten a las partes estar frente al juez y valorar directamente la actuación de la Fiscalía y de sus propios defensores y asesores victimales. Los medios de comunicación y todos los ciudadanos pueden acceder a estas audiencias en las que el juez percibe directamente las pruebas y testimonios y, lo más importante, explica a todo el público el por qué de sus resoluciones, incluyendo los casos que llegan a juicio en una audiencia llamada precisamente de lectura y explicación de sentencia.

En algunos estados también la materia familiar se atiende de forma oral e igualmente algunos casos del sistema mercantil. De manera que la tendencia del procesamiento de casos en los juzgados ha ido de la mano con la demanda de lograr una justicia cada vez más transparente.

Esta modificación a la ley, sin embargo, servirá para reforzar el acceso a las decisiones judiciales. Igualmente, el dictamen prevé que estas sentencias se expresen de manera más sencilla para el mejor entendimiento de los ciudadanos.

Frente a todo esto, sin embargo, también es deber de la sociedad y de las personas generar una cultura jurídica que se base en el conocimiento informado, por ejemplo, saber cuáles son las instituciones que participan en los procesos judiciales y el deber que corresponde a cada una para poder exigir nuestros derechos adecuadamente.

Se acaba de aprobar en el pleno del Senado de la República un dictamen en materia de transparencia que mandata la publicación de todas las sentencias de los poderes judiciales, tanto de la federación, como de los estados.

Se trata de una acción derivada de la propuesta de algunos colectivos sociales bajo el nombre de #LoJustoEsQueSepas, para acceder a la versión pública de todas las sentencias y no sólo de aquellas de interés público como hasta ahora establece la ley general de transparencia y acceso a la información pública en su artículo 73 fracción II.

El dictamen aprobado el pasado 17 de octubre, con 73 votos, debe pasar a la cámara de diputados. Esta reforma implicará para los poderes judiciales un trabajo más amplio para generar las versiones públicas de todas sus sentencias. Las versiones públicas omiten o eliminan del documento original los nombres de las personas involucradas, sus datos personales y otras secciones clasificadas, porque frente a la libertad de información y el llamado derecho a saber de los ciudadanos que pueden acceder a ellas, está el derecho a la privacidad de las personas que fueron parte en los procesos.

En América Latina, pero también a nivel internacional, se ha establecido que el acceso a la información es una “herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía”. El flujo de la información pública, pero de todo tipo de información, es necesario para conocer, entender y tener elementos para exigir la rendición de cuentas del Estado y de sus instituciones.

Hoy en día el sistema de justicia penal es más transparente que nunca. Desde 2016 en todo el país se volvió al procesamiento de los casos en materia penal a través de audiencias orales que permiten a las partes estar frente al juez y valorar directamente la actuación de la Fiscalía y de sus propios defensores y asesores victimales. Los medios de comunicación y todos los ciudadanos pueden acceder a estas audiencias en las que el juez percibe directamente las pruebas y testimonios y, lo más importante, explica a todo el público el por qué de sus resoluciones, incluyendo los casos que llegan a juicio en una audiencia llamada precisamente de lectura y explicación de sentencia.

En algunos estados también la materia familiar se atiende de forma oral e igualmente algunos casos del sistema mercantil. De manera que la tendencia del procesamiento de casos en los juzgados ha ido de la mano con la demanda de lograr una justicia cada vez más transparente.

Esta modificación a la ley, sin embargo, servirá para reforzar el acceso a las decisiones judiciales. Igualmente, el dictamen prevé que estas sentencias se expresen de manera más sencilla para el mejor entendimiento de los ciudadanos.

Frente a todo esto, sin embargo, también es deber de la sociedad y de las personas generar una cultura jurídica que se base en el conocimiento informado, por ejemplo, saber cuáles son las instituciones que participan en los procesos judiciales y el deber que corresponde a cada una para poder exigir nuestros derechos adecuadamente.

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