En tiempos extraordinarios como los que vivimos, el Estado ha quedado superado en su capacidad de garantizar, como lo establece nuestra Constitución, una serie de derechos: humanos, económicos, sociales, culturales y hasta ambientales.
Ha sido evidente que no contamos con un sistema de salud robusto y amplio, que pueda hacer frente a fenómenos de salud cada vez más complicados que se suceden cíclicamente desde hace varios años; ni hablar de la carencia de un sistema de investigación e innovación científica que pueda contribuir al avance en la cura de estos nuevos virus, que probablemente se sigan sucediendo. Las muertes por Covid19 este año ya han superado, en el mundo, a las causadas por el cáncer, los accidentes automovilísticos, la diabetes tipo 2, la malaria, los suicidios y hasta las causadas por drogas y alcoholismo.
La pandemia ha dejador ver también la falta de experiencia del Estado en otros tipos de relaciones laborales como el teletrabajo o Home Office, sobre el cual desde 1996 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya había emitido un Convenio (el número 177). En nuestro país este concepto está jurídicamente en pañales, pues fue integrado a la ley federal del trabajo mexicana hace menos de un año.
Además, se dice que a finales de este mes se habrían perdido 1.5 millones de empleos formales en el país, para lo cual desde ahora tendría que contarse con un programa de reactivación económica y laboral
El derecho a la educación también ha sido impactado por este contexto de emergencia sanitaria, que ha dejado ver la necesidad de contar con plataformas que sustituyan las clases presenciales, cuestión por demás compleja dada la brecha digital que aún prevalece entre quienes tienen acceso a Internet y quienes no lo tienen, al menos en la modalidad del hogar.
Por cierto, la ONU considera el acceso a Internet (o más bien al contenido de la web) como un derecho humano, pero también lo establece nuestra Constitución desde 2013.
No puede omitirse lo relativo a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó recientemente un informe (I/2020), en el que advierte que los países de América son los que sentirán el impacto de diversos derechos por las “profundas brechas sociales” causadas por la pobreza y la pobreza extrema “problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado”.
A esto se suman los altos índices de violencia que, pese a la pandemia, no han disminuido y que probablemente se recrudecerán como resultado de la crisis económica y social que dejará este fenómeno de salud mundial. La delincuencia organizada no ha disminuido su letalidad y marzo fue el mes más violento del actual gobierno con 2,585 homicidios dolosos.
La vuelta del Ejército a tareas de seguridad y la ausencia de una Guardia Nacional, cuyas expectativas se quedaron en promesa, no parece garantizar ni representa una verdadera estrategia de seguridad.
Los que sí han sido afectados son los ciudadanos con las medidas de contención que han tenido que ser impuestas, lo que ha suspendido y restringido algunos derechos, derivado de “estados de emergencia”, “estados de excepción”, “estados de catástrofe por calamidad pública”, o “emergencia sanitaria”, a través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica con el fin de proteger la salud pública, señala la CoIDH.
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