/ viernes 3 de enero de 2020

Feminicidio

Sin saberlo, ocupé un lugar detrás de la madre de la víctima, que a ratos lloraba escuchando la terrible relatoría de los hechos.Se trataba de una audiencia en la que la jueza debía admitir o rechazar la solicitud de los acusadores en contra de un detenido para vincularlo a un proceso penal y así poder avanzar en las investigaciones para confirmar, o no, su posible responsabilidad en la muerte de su joven pareja sentimental, muerta en forma violenta y previamente golpeada y violada al interior del domicilio que compartía con el que ahora las autoridades presentan como su atacante.

El hecho delictivo que ahí se trató fue un feminicidio. Aunque su tipificación se ha prestado a múltiples interpretaciones y divergentes opiniones, la realidad es que se ha venido adoptando el feminicidio en encuadres muy similares en America Latina, donde las muertes de mujeres son violentas en formas diversas, en muchos casos por “razones de género”, lo que se refuerza con el hecho de que en una tercera parte de los casos los victimarios resultan ser sus propios esposos o parejas sentimentales, como en el caso que presencié en la sala de audiencias.

En este caso, como en otros que he visto en estas salas donde las audiencias son públicas y de acceso para cualquier ciudadano, es claro ver por qué el feminicidio y todas las acciones encaminadas a reducir las brechas entre mujeres y hombres tienen sentido de urgencia.

En este, como he escuchado en otros casos, la jueza dio una “cátedra” bien sustentada de las “razones de género” a las que pudo llegar con los datos aportados por los Fiscales: manifestaciones de odio, discriminación, celotipia, desprecio y control del agresor sobre la pasividad de la mujer agredida, abuso de poder, violencia familiar, acoso cuando la pareja se separó para que la hoy víctima volviera con su agresor, amenazas, etc.

Además, los datos revelaron violencia sexual previa a la muerte que fue por estrangulación. Por todo esto la jueza llegó a la resolución de vincular al detenido al proceso penal por feminicidio.

Muy probablemente este caso no quede impune si los Fiscales, acusadores en este sistema y por ello responsables de una buena investigación que sustente su acusación, actúan como se requiere para que el doloroso camino que ha recorrido la madre de la víctima para llegar hasta este punto del proceso tenga sentido.

Sin embargo, la verdadera lucha contra el feminicidio no debe ubicarse en el proceso judicial donde se atienden hechos consumados y en los que sólo queda atenerse a la consecuencia penal, lo que muy poco o nada puede hacer para reparar el daño del alma de los familiares de las víctimas y de la sociedad toda.

Más bien conviene enfocar el pensamiento en la prevención desde lo individual y social y desde el Estado, a quien se debe pedir una verdadera atención con perspectiva de género de las denuncias por violencia a mujeres y una política pública de prevención de este delito que sólo será exitosa si se usa la inteligencia: el mapeo de zonas de ocurrencia, el análisis psicológico y sociológico e incluso antropológico de los hechos ocurridos para mejor prever y menos tener que atenernos a lo poco que puede remediarse cuando se juzga el hecho consumado.

Sin saberlo, ocupé un lugar detrás de la madre de la víctima, que a ratos lloraba escuchando la terrible relatoría de los hechos.Se trataba de una audiencia en la que la jueza debía admitir o rechazar la solicitud de los acusadores en contra de un detenido para vincularlo a un proceso penal y así poder avanzar en las investigaciones para confirmar, o no, su posible responsabilidad en la muerte de su joven pareja sentimental, muerta en forma violenta y previamente golpeada y violada al interior del domicilio que compartía con el que ahora las autoridades presentan como su atacante.

El hecho delictivo que ahí se trató fue un feminicidio. Aunque su tipificación se ha prestado a múltiples interpretaciones y divergentes opiniones, la realidad es que se ha venido adoptando el feminicidio en encuadres muy similares en America Latina, donde las muertes de mujeres son violentas en formas diversas, en muchos casos por “razones de género”, lo que se refuerza con el hecho de que en una tercera parte de los casos los victimarios resultan ser sus propios esposos o parejas sentimentales, como en el caso que presencié en la sala de audiencias.

En este caso, como en otros que he visto en estas salas donde las audiencias son públicas y de acceso para cualquier ciudadano, es claro ver por qué el feminicidio y todas las acciones encaminadas a reducir las brechas entre mujeres y hombres tienen sentido de urgencia.

En este, como he escuchado en otros casos, la jueza dio una “cátedra” bien sustentada de las “razones de género” a las que pudo llegar con los datos aportados por los Fiscales: manifestaciones de odio, discriminación, celotipia, desprecio y control del agresor sobre la pasividad de la mujer agredida, abuso de poder, violencia familiar, acoso cuando la pareja se separó para que la hoy víctima volviera con su agresor, amenazas, etc.

Además, los datos revelaron violencia sexual previa a la muerte que fue por estrangulación. Por todo esto la jueza llegó a la resolución de vincular al detenido al proceso penal por feminicidio.

Muy probablemente este caso no quede impune si los Fiscales, acusadores en este sistema y por ello responsables de una buena investigación que sustente su acusación, actúan como se requiere para que el doloroso camino que ha recorrido la madre de la víctima para llegar hasta este punto del proceso tenga sentido.

Sin embargo, la verdadera lucha contra el feminicidio no debe ubicarse en el proceso judicial donde se atienden hechos consumados y en los que sólo queda atenerse a la consecuencia penal, lo que muy poco o nada puede hacer para reparar el daño del alma de los familiares de las víctimas y de la sociedad toda.

Más bien conviene enfocar el pensamiento en la prevención desde lo individual y social y desde el Estado, a quien se debe pedir una verdadera atención con perspectiva de género de las denuncias por violencia a mujeres y una política pública de prevención de este delito que sólo será exitosa si se usa la inteligencia: el mapeo de zonas de ocurrencia, el análisis psicológico y sociológico e incluso antropológico de los hechos ocurridos para mejor prever y menos tener que atenernos a lo poco que puede remediarse cuando se juzga el hecho consumado.

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