/ domingo 12 de diciembre de 2021

En defensa de la libertad de expresión 

La libertad de expresión es un derecho humano básico y fundamental en la sociedad democrática. En nuestra constitución se consagra en el artículo 6 y 7, así como en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 19. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que sean removidos los obstáculos que coarten la libertad de expresión.

Además de proteger el derecho a divulgar ideas y conocimiento, también debe garantizarse la posibilidad de recibir información completa y verdadera por diferentes medios.

En el marco de la campaña por la recolección de firmas para consolidar el referéndum que dicta la Ley Federal de Revocación de Mandato, en donde se votará por a) revocar el mandato o b) que siga el presidente, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares a la asociación civil Que Siga la Democracia, así como a todas aquellas personas que apuestan por la continuidad del actual gobierno, al prohibir el uso de la palabra “ratificación”

Esto vulnera directamente el derecho a la información de la sociedad civil, puesto que limita la difusión de la información completa y las posibles orientaciones del voto, una vez que se realice el referéndum. La ciudadanía tiene derecho a conocer los alcances y consecuencias previstas y derivadas de firmar para que se realice este ejercicio.

Los efectos potenciales, y no sólo la participación en bruto, deben ser tutelados y salvaguardados por la garantía del derecho a la información. Por ello consideramos que las medidas del INE son restrictivas y violatorias a los derechos humanos de la ciudadanía.

Al promover la “ratificación”, no existe engaño alguno o distorsión de la información. Por lo contrario, optar por promover una opción, proporciona ventaja a quienes están a favor de la “revocación”, por encima de quienes queremos se realice el referéndum y apoyamos la transformación.

Ya se han impugnado estas medidas, creemos que vamos a ganar, porque la razón legal está de nuestro lado. Esto no es un tema político, es una cuestión de derechos. La misma Ley de Revocación en el artículo 14, dicta que las autoridades de la federación, partidos políticos o cualquier otro tipo de organizaciones deben abstenerse de impedir u obstruir actividades de recopilación de firmas, así como de emitir opinión a favor o en contra. Artículo que es transgredido por la decisión tomada por el INE.

En ningún momento se menciona que estrictamente la promoción y difusión de la consulta tiene que ir hacia un sentido. Es por ello que continuaremos nuestra labor y promoveremos que continúe el presidente de la República, porque esto también es una lucha histórica por la democracia participativa.

Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la libre asociación, para informar a la ciudadanía, acerca de los dos escenarios que se nos pueden presentar el próximo 10 de abril del 2022.

Twitter: @GabyJimenezMX

La libertad de expresión es un derecho humano básico y fundamental en la sociedad democrática. En nuestra constitución se consagra en el artículo 6 y 7, así como en la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 19. Por lo tanto, el Estado debe garantizar que sean removidos los obstáculos que coarten la libertad de expresión.

Además de proteger el derecho a divulgar ideas y conocimiento, también debe garantizarse la posibilidad de recibir información completa y verdadera por diferentes medios.

En el marco de la campaña por la recolección de firmas para consolidar el referéndum que dicta la Ley Federal de Revocación de Mandato, en donde se votará por a) revocar el mandato o b) que siga el presidente, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares a la asociación civil Que Siga la Democracia, así como a todas aquellas personas que apuestan por la continuidad del actual gobierno, al prohibir el uso de la palabra “ratificación”

Esto vulnera directamente el derecho a la información de la sociedad civil, puesto que limita la difusión de la información completa y las posibles orientaciones del voto, una vez que se realice el referéndum. La ciudadanía tiene derecho a conocer los alcances y consecuencias previstas y derivadas de firmar para que se realice este ejercicio.

Los efectos potenciales, y no sólo la participación en bruto, deben ser tutelados y salvaguardados por la garantía del derecho a la información. Por ello consideramos que las medidas del INE son restrictivas y violatorias a los derechos humanos de la ciudadanía.

Al promover la “ratificación”, no existe engaño alguno o distorsión de la información. Por lo contrario, optar por promover una opción, proporciona ventaja a quienes están a favor de la “revocación”, por encima de quienes queremos se realice el referéndum y apoyamos la transformación.

Ya se han impugnado estas medidas, creemos que vamos a ganar, porque la razón legal está de nuestro lado. Esto no es un tema político, es una cuestión de derechos. La misma Ley de Revocación en el artículo 14, dicta que las autoridades de la federación, partidos políticos o cualquier otro tipo de organizaciones deben abstenerse de impedir u obstruir actividades de recopilación de firmas, así como de emitir opinión a favor o en contra. Artículo que es transgredido por la decisión tomada por el INE.

En ningún momento se menciona que estrictamente la promoción y difusión de la consulta tiene que ir hacia un sentido. Es por ello que continuaremos nuestra labor y promoveremos que continúe el presidente de la República, porque esto también es una lucha histórica por la democracia participativa.

Seguiremos ejerciendo nuestro derecho a la libre asociación, para informar a la ciudadanía, acerca de los dos escenarios que se nos pueden presentar el próximo 10 de abril del 2022.

Twitter: @GabyJimenezMX