El feminicidio o femicidio como tipo penal, es decir, como un delito establecido en los Códigos penales, es reciente en América latina y, en general, en el mundo. Hasta 2012, sólo seis países de la región habían aprobado leyes que tipificaban este delito: Chile, Costa Rica, México, Perú, El Salvador y Nicaragua.
Esta cifra aumentó a 15 en 2016 cuando países como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela y Uruguay lo incluyeron en sus leyes. De todos, México tiene la pena más alta para este delito, excluyendo a Chile y Argentina donde se llega a castigar con cadena perpetua.
Pese a ello, el problema sigue siendo grave y de orden mundial y el crecimiento global de muertes de mujeres y la crueldad con la que se realizan, en todo el mundo, se mantiene o crece.
La tipificación del feminicidio no es una concesión de los Estados. En realidad, desde 1979 la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y más tarde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará) contemplaron obligaciones para los Estados en este sentido.
Algunos datos nos pueden dar una idea de la situación de emergencia que significa el feminicido.
La CEPAL dio a conocer una tasa que muestra con mayor exactitud el problema, al medir la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres. De esto resulta que de 15 países de América Latina y el Caribe, al menos 3,287 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2018.
Los países de América Latina con las mayores tasas de feminicidios por cada 100,000 mujeres son El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y la República Dominicana (1.9). México refleja una tasa de 1.4
En el Caribe, Santa Lucía presentó en 2017 una tasa de 4.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres, mientras que, en Trinidad y Tabago, esta tasa fue igual a 3.4 en 2018.
En Europa la problemática del feminicidio también está presente. En España en 2017 se reportaron oficialmente seis por mes. Tristemente, uno de los países que es ejemplo en otros ámbitos, Finlandia, es el tercer país con mayores tasas de feminicidio en Europa cuya media es de 3.94 por cada millón de mujeres mayores de 14 años, tasas desde luego lejanas a los índices de América latina que ya hemos visto.
Estas mismas cifras revelan que en 2014 en Brasil se reportaron 390 muertes violentas de mujeres al mes en 2013, en Perú 10 al mes en 2016 y en Argentina 24 al mes. Ecuador registró ocho al mes en 2014 y Venezuela 10 por mes. En México podría ser de entre 150 y 200 al mes.
Si de verdad se quiere entender la razón de ser del delito de feminicidio, hay que tener presente el contexto sobre el que se asienta: el piso disparejo en el que han vivido y aún viven las mujeres prácticamente en todas las sociedades y en múltiples planos: económico, social, político y cultural.
Es decir, la relación asimétrica frente al poder de los hombres en casi todos los escenarios, incluyendo su propio hogar, lo que limita sus posibilidades para superar panoramas adversos previos al desenlace fatal de un feminicidio como son los abusos, la violencia y la dependencia.
Y si de verdad como sociedad quisiéramos contribuir activamente, más allá de las leyes y el sistema penal, tenemos que empezar, hombres y mujeres, a desechar ideas o hábitos de superioridad y de ejercicio abusivo del poder que tenemos al interior del hogar.
