/ viernes 15 de enero de 2021

El Ifetel y los embates de la “mafia del poder”

Los organismos autónomos que ahora el gobierno federal pretende borrar del mapa están lejos de ser una ocurrencia. Organismos como el hoy Ifetel o el INAI concretaron con su creación una evolución de años que inició en la década de los noventa, cuando se buscaba desconcentrar, de las garras corruptas del poder, decisiones que tenían impacto en la sociedad y en los mercados.

Particularmente, el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) obedeció a la necesidad de construir mercados más competitivos en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que, claramente, había sido un fracaso en manos del Gobierno.

Los monopolios en materia de comunicación que hoy en día perviven tienen su origen en la discrecionalidad y manejo que, desde el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hacía de las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, un bien de la nación.

El Ifetel, nacido de reformas constitucionales en 2013, se creó para tener autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión en la explotación de este bien, de las redes y de la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que son, como bien lo señala la Constitución, servicios públicos de interés general.

Mucho está en juego cuando se habla de echar para atrás un camino andado en materia de un organismo que, con independencia del gobierno, está a cargo del manejo de recursos como el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones; además de que está a cargo de regular la competencia económica de estos sectores.

Su creación, con reformas previas en 1995, fue primero como Comisión Federal de Telecomunicaciones, comandada por el experto Carlos Casasús. Se buscaba no sólo la transparencia en el otorgamiento de concesiones, sino que estas decisiones fueran colegiadas y, sobre todo, valoradas por expertos en la materia, lejos del manejo politico de secretarios y subsecretarios sujetos al Ejecutivo y a decisiones políticas.

Uno de los primeros grandes monopolios que la Cofetel logró romper fue el de los proveedores de larga distancia. Es probable que, frente a los recursos digitales de hoy, cueste mucho imaginarse que, en 1995, para que otras empresas de larga distancia (diferentes al monopolio Telmex) ofrecieran ese servicio, dependía de la infraestructura que se había vendido de forma exclusiva a … Telmex.

A esta empresa debían pagar, los competidores, por interconectarse a la red nacional que, por concesión de marzo de 1976 se había otorgado de forma exclusiva, por 50 años, a la empresa de Carlos Slim. Telmex echó mano de todo tipo de recursos legales y extralegales para mantener precios altísimos por interconectar a sus competidores. Algo impensable en estos tiempos…

Eran las épocas en las que el servicio telefónico convencional (fijo) y casi extinto hoy en día, era el más avanzado, por tanto, era necesario extenderlo y abaratarlo para beneficio de los consumidores, un pastel que Telmex se oponía a compartir.

Era de esperarse que la creación de la Cofetel estuviese plagada de embates desde lo que hoy podría llamarse una “mafia del Poder” al cual afectaría.

Finalmente la Cofetel inició funciones, al amparo de un transitorio de la ley, bajo una lluvia de críticas y cuestionamientos sobre su derecho a romper un mercado monopolizado y bajo el acecho del propio Gobierno que, a través de la Subsecretría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, buscaba invalidar las atribuciones del organismo, sobre todo cuando las concesiones de radio y televisión quedaron bajo el control de éste.

De hecho, el debate sobre los alcances de la Cofetel llegó, vía un amparo promovido por Telmex, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió la tesis de jurisprudencia 143/2002 de la Segunda Sala en noviembre de 2002 y en la que se estableció que órganos como la Cofetel pueden emitir disposiciones de observancia general sin menoscabo de la división de Poderes, ya que estos órganos autónomos, creados por ley y que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel que una secretaría de Estado, tienen como fin “lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco”

Sólo hasta 2006 la Cofetel fue incluida en una reforma a la Ley en la materia, pero con atribuciones acotadas, básicamente fue dejada sin la posibilidad de sancionar.

Finalmente, Ifetel fue creado en 2013 y tan pronto como un año después, el 6 de marzo de 2014, este órgano regulador aprobó una importantísima resolución: determinar que Telmex, Telnor y un Grupo de filiales de Grupo Carso eran un “agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”, por lo cual le impuso medidas destinadas a dejar de afectar la libre competencia.

Los embates que hoy viven los organismos autónomos, particularmente el caso del Ifetel bien pueden sumarse a esta difícil pervivencia de un organismo que ha afectado a intereses de clases muy poderosas.

Los organismos autónomos que ahora el gobierno federal pretende borrar del mapa están lejos de ser una ocurrencia. Organismos como el hoy Ifetel o el INAI concretaron con su creación una evolución de años que inició en la década de los noventa, cuando se buscaba desconcentrar, de las garras corruptas del poder, decisiones que tenían impacto en la sociedad y en los mercados.

Particularmente, el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) obedeció a la necesidad de construir mercados más competitivos en el ámbito de las telecomunicaciones, lo que, claramente, había sido un fracaso en manos del Gobierno.

Los monopolios en materia de comunicación que hoy en día perviven tienen su origen en la discrecionalidad y manejo que, desde el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se hacía de las concesiones para el uso del espectro radioeléctrico, un bien de la nación.

El Ifetel, nacido de reformas constitucionales en 2013, se creó para tener autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión en la explotación de este bien, de las redes y de la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones que son, como bien lo señala la Constitución, servicios públicos de interés general.

Mucho está en juego cuando se habla de echar para atrás un camino andado en materia de un organismo que, con independencia del gobierno, está a cargo del manejo de recursos como el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones; además de que está a cargo de regular la competencia económica de estos sectores.

Su creación, con reformas previas en 1995, fue primero como Comisión Federal de Telecomunicaciones, comandada por el experto Carlos Casasús. Se buscaba no sólo la transparencia en el otorgamiento de concesiones, sino que estas decisiones fueran colegiadas y, sobre todo, valoradas por expertos en la materia, lejos del manejo politico de secretarios y subsecretarios sujetos al Ejecutivo y a decisiones políticas.

Uno de los primeros grandes monopolios que la Cofetel logró romper fue el de los proveedores de larga distancia. Es probable que, frente a los recursos digitales de hoy, cueste mucho imaginarse que, en 1995, para que otras empresas de larga distancia (diferentes al monopolio Telmex) ofrecieran ese servicio, dependía de la infraestructura que se había vendido de forma exclusiva a … Telmex.

A esta empresa debían pagar, los competidores, por interconectarse a la red nacional que, por concesión de marzo de 1976 se había otorgado de forma exclusiva, por 50 años, a la empresa de Carlos Slim. Telmex echó mano de todo tipo de recursos legales y extralegales para mantener precios altísimos por interconectar a sus competidores. Algo impensable en estos tiempos…

Eran las épocas en las que el servicio telefónico convencional (fijo) y casi extinto hoy en día, era el más avanzado, por tanto, era necesario extenderlo y abaratarlo para beneficio de los consumidores, un pastel que Telmex se oponía a compartir.

Era de esperarse que la creación de la Cofetel estuviese plagada de embates desde lo que hoy podría llamarse una “mafia del Poder” al cual afectaría.

Finalmente la Cofetel inició funciones, al amparo de un transitorio de la ley, bajo una lluvia de críticas y cuestionamientos sobre su derecho a romper un mercado monopolizado y bajo el acecho del propio Gobierno que, a través de la Subsecretría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, buscaba invalidar las atribuciones del organismo, sobre todo cuando las concesiones de radio y televisión quedaron bajo el control de éste.

De hecho, el debate sobre los alcances de la Cofetel llegó, vía un amparo promovido por Telmex, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que emitió la tesis de jurisprudencia 143/2002 de la Segunda Sala en noviembre de 2002 y en la que se estableció que órganos como la Cofetel pueden emitir disposiciones de observancia general sin menoscabo de la división de Poderes, ya que estos órganos autónomos, creados por ley y que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel que una secretaría de Estado, tienen como fin “lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un control recíproco”

Sólo hasta 2006 la Cofetel fue incluida en una reforma a la Ley en la materia, pero con atribuciones acotadas, básicamente fue dejada sin la posibilidad de sancionar.

Finalmente, Ifetel fue creado en 2013 y tan pronto como un año después, el 6 de marzo de 2014, este órgano regulador aprobó una importantísima resolución: determinar que Telmex, Telnor y un Grupo de filiales de Grupo Carso eran un “agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones”, por lo cual le impuso medidas destinadas a dejar de afectar la libre competencia.

Los embates que hoy viven los organismos autónomos, particularmente el caso del Ifetel bien pueden sumarse a esta difícil pervivencia de un organismo que ha afectado a intereses de clases muy poderosas.

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