/ miércoles 4 de mayo de 2022

El despeñadero de Morelos

El chiste es que al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le dijeron de la oficina del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no moviera nada en su gabinete hasta que recibiera el visto bueno, pero le ganó el mal genio y corrió a su secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; ya su jefe de la oficina de Gobierno, Juan Manuel Sanz. A pesar de que le pidieron no lo hizo. La realidad es que desde hace un mes la relación con ambos ya estaba muy deteriorada ya pesar de los cargos que detentaban les fueron retirados los equipos de seguridad y el personal especializado a pesar de la ola de violencia que hay en el estado. Nos cuentan que la decisión la tomó el gobernador el lunes cuando le información a los relevos Samuel Sotelo que llega de la consejería jurídica del estado a gobierno y Mónica Boggio Tomasaz, que estaba en Secretaría de Hacienda, a su oficina. Lo que se dice es que pronto habría decisiones desde la Ciudad de México en relación con la administración del ex futbolista que incluyen su remoción del cargo o ¿A poco cree que la fiscalía anticorrupción no va a hacer nada?

La decisión del juez de Control, José Luis Palacios Fernández, de posponer por cuarta ocasión la audiencia de imputación contra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro y coacusados y dejar de lado a las víctimas no tiene precedente alguno ya que se se inclinó más por los argumentos de las personas que se pretenden imputar, sin atender la prioridad que representan las víctimas. El jurista Teófilo Benítez explicó que esa decisión se basa en dos casos destacados: primero, uno de los imputados tiene complicaciones de salud y, segundo, su asesora jurídica desconoce el contenido de la carpeta judicial. Benítez mantendrán la postura y harán las imputaciones hacia un dolo eventual en la próxima diligencia.

En Tamaulipas la lucha por la disputa por la gubernatura agarró sabor. Américo Villarreal de Morena-PT-PVEM y César Verástegui de PAN-PRI-PRD se balconean durísimo

La semana pasada Verástegui dijo que Villarreal tenía nexos con el empresario Sergio Carmona Angulo, que fue ejecutado en San Pedro Garza, pero esta situación se revistió porque se presentaron documentos que dan testimonio de la relación contractual que sostuvo el gobierno estatal, donde Verástegui fue secretario general de gobierno, con este empresario que redituaron en contratos por mantenimiento a infraestructura hospitalaria por más de 150 millones de pesos entre 2018 y 2021.

El chiste es que al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, le dijeron de la oficina del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que no moviera nada en su gabinete hasta que recibiera el visto bueno, pero le ganó el mal genio y corrió a su secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; ya su jefe de la oficina de Gobierno, Juan Manuel Sanz. A pesar de que le pidieron no lo hizo. La realidad es que desde hace un mes la relación con ambos ya estaba muy deteriorada ya pesar de los cargos que detentaban les fueron retirados los equipos de seguridad y el personal especializado a pesar de la ola de violencia que hay en el estado. Nos cuentan que la decisión la tomó el gobernador el lunes cuando le información a los relevos Samuel Sotelo que llega de la consejería jurídica del estado a gobierno y Mónica Boggio Tomasaz, que estaba en Secretaría de Hacienda, a su oficina. Lo que se dice es que pronto habría decisiones desde la Ciudad de México en relación con la administración del ex futbolista que incluyen su remoción del cargo o ¿A poco cree que la fiscalía anticorrupción no va a hacer nada?

La decisión del juez de Control, José Luis Palacios Fernández, de posponer por cuarta ocasión la audiencia de imputación contra Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro y coacusados y dejar de lado a las víctimas no tiene precedente alguno ya que se se inclinó más por los argumentos de las personas que se pretenden imputar, sin atender la prioridad que representan las víctimas. El jurista Teófilo Benítez explicó que esa decisión se basa en dos casos destacados: primero, uno de los imputados tiene complicaciones de salud y, segundo, su asesora jurídica desconoce el contenido de la carpeta judicial. Benítez mantendrán la postura y harán las imputaciones hacia un dolo eventual en la próxima diligencia.

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La semana pasada Verástegui dijo que Villarreal tenía nexos con el empresario Sergio Carmona Angulo, que fue ejecutado en San Pedro Garza, pero esta situación se revistió porque se presentaron documentos que dan testimonio de la relación contractual que sostuvo el gobierno estatal, donde Verástegui fue secretario general de gobierno, con este empresario que redituaron en contratos por mantenimiento a infraestructura hospitalaria por más de 150 millones de pesos entre 2018 y 2021.

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