La revelación fue una bomba mediática: López Obrador y Claudia Sheinbaum pagaron 250 millones de pesos por traer médicos cubanos sin título.
Durante tres meses, 585 cubanos estuvieron atendiendo a pacientes de Covid19, pero no hay evidencias del trabajo realizado por dichos “médicos”.
Lo anterior lo dio a conocer el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto.
Mediante su cuenta de Twitter, el legislador de Veracruz presentó una amplia investigación que llevó al cabo durante seis meses.
Remetería publicó una serie de documentos oficiales emitidos por dependencias e instituciones del gobierno de Morera.
La investigación denominada “Cubagate”, denuncia que, en el fraude de 255,873,177 millones de pesos, también participó el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.
El panista refirió que fueron 585 los “falsos médicos” contratados para tratar pacientes de Covid19.
De acuerdo a lo publicado, el 21 de abril de 2020, en plena crisis de la pandemia, el INSABI, a través de un “convenio de colaboración” transfirió 135,875,081.52 millones de pesos al gobierno de Sheinbaum para atender la crisis sanitaria.
El 24 de abril –tres días después- el gobierno de Sheinbaum firmó con “la dictadura cubana” dos “convenios bianuales”, uno por 135,875,081.52 y el segundo por 103,638,266.40 millones de pesos.
Los dos convenios –dijo el legislador- tenían por objeto la contratación de “médicos cubanos” para ayudar en los hospitales públicos mexicanos.
El 16 de diciembre de 2020, la jefa de gobierno aseguró que 500 cubanos estaban en funciones en las instituciones públicas de salud del gobierno de la Ciudad de México, en la Sedena, Semar, IMSS e ISSSTE.
Sin embargo, dichas instituciones aseguraron carecer de datos de los médicos procedentes de la isla.
Por ejemplo, el IMSS respondió a las peticiones de transparencia que no tenía competencia para entregar dicha información.
Además, prácticamente todas las instituciones señalaron carecer de datos en torno al título de los médicos, como fue el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
Incluso, el gobierno de la Ciudad respondió que no contaba con la documentación que acreditara que los 585 personas sean médicos.
De acuerdo a Remetería, hay una “gran incongruencia” puesto que se pagaron a 585 “falsos médicos” por tres meses, un costo de 437 mil 390 pesos por cada persona.
El caso es que las transferencias se hicieron a las cuentas oficiales del régimen cubano y no a las de los supuestos médicos.
De hecho, por esas fechas se generaron una serie de inconformidades de médicos mexicanos que habían sido despedidos previo a la pandemia.
Los reclamos también surgieron de los médicos y enfermeras mexicanas que laboraban extenuantes jornadas durante la emergencia y con salarios diametralmente bajos en comparación al de los cubanos.
El tema fue tendencia en redes durante todo el día de ayer.
PROSPECCIÒN… Ayer se cumplieron 12 semanas de la violenta incursión de la Policía Estatal en el campus de la Universidad de las Américas Puebla, para apoderarse de una institución privada, bajo la impune apariencia de una normalidad que vulnera la legalidad y el Estado de derecho, informó la Fundación Mary Street Jenkins. En estos 85 días, un patronato espurio, impuesto por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, que responde a las órdenes del gobernador Miguel Barbosa, violentó suspensiones de amparo vigentes para intervenir de forma ilícita en la UDLAP. Este atropello ha sido enérgicamente condenado por la comunidad estudiantil y académica; trabajadores administrativos, exalumnos, intelectuales de todo el país y asociaciones de prestigio incuestionable como la ANUIES. En tanto, con pruebas contundentes, se acreditan violaciones a los derechos humanos en detrimento de integrantes de la familia Jenkins de Landa y sus abogados.
Twitter: @JoelSaucedo
