La 50 Asamblea General de la OEA en octubre pasado no llamó mucha atención de los medios mexicanos. A pasar de esto, merece la mención el discurso muy fuerte del subsecretario para América Latina y el Caribe de SRE, Maximiliano Reyes Zúñiga ante este foro. Es digno de respeto su rechazo total de cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de los estados del hemisferio por parte de la Secretaria General de esta organización y personalmente de su titular Luis Almagro. El tema central fue de Bolivia donde la OEA “utilizó de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. El pueblo boliviano les ha dado una lección histórica que ojalá aprendan”, dijo Reyes Zúñiga.
Parece que no aprendieron en la OEA esa lección. Ahora Almagro junto con sus patrocinadores estadounidenses tratan de deslegitimizar las elecciones parlamentarias en Venezuela para donde ya se han escrito 107 organizaciones políticas y más de 14 mil candidatos y candidatas. Muchos opositores han sido sancionados por los Estados Unidos que desplegó numerosas acciones para impedir que crezca la participación de fuerzas políticas de cara a la votación.
La Casa Blanca lidera una campaña para propiciar la salida del poder del gobierno legítimo de Nicolás Maduro. La única tarea de Washington consiste en obtener control de reservas naturales de la república y sus yacimientos de petróleo. El gobierno estadounidense y compañías trasnacionales tienen interés solo en el aumento de su capital sin tomar en cuenta el sufrimiento del pueblo. En medio de una pandemia se establecen nuevas sanciones económicas. Bajo presión de los E.U. y su bloqueo comercial y financiero, la gente sobrevive la peor crisis de su país. Los efectos negativos de las sanciones de los E.U. son evidentes hasta para los expertos en la misma Unión Americana. Pese a criticar al gobierno boliviano la Oficina de Washington para América Latina, junto con otros 115 organizaciones e individuos de la sociedad civil, publicaron el 1 de septiembre una carta abierta a Mike Pompeo y Steve Mnuchin con preocupaciones por la posible decisión de prohibir la importación de diésel en Venezuela.
Textualmente hay que decirlo: En la referida carta, así como en la otra del 10 de octubre se hacen constar “la Evidencia que las sanciones generales impuestas han agravado la situación económica del país…, las sanciones azotan el pueblo de Venezuela…, instamos a la administración Trump a prestar atención a la recomendación de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet que el alivio de las amplias sanciones económicas contra Venezuela permitiría una mayor asignación de recursos para tratar la pandemia”.
