Los trabajadores que cotizan en la nómina 5 del Gobierno de la Ciudad de México (a lista de raya), presentes en toda la administración capitalina, acusan que en la actualidad hay 1843 personas que iniciaron su proceso de jubilación en el 2019, y que cumplen con todos los requisitos que marca el Reglamento, pero no les han pagado su pensión.
Lo mismo sucede con las pensiones por riesgo de trabajo y peor aún, con los deudos (viudas y huérfanos) de los trabajadores que han fallecido a partir del 2019. Y les cancelaron totalmente los créditos hipotecarios.
Estos sindicalizados que cotizan a la Caja de Previsión Para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (Captralir), más de 55 mil, denuncian que los préstamos de mediano plazo han quedado cancelados; los de corto plazo, están supeditados al azar al tener que participar en un sorteo.
El organismo está quebrado. A decir de los afectados, “el desastre a Captralir es responsabilidad directa del gobierno, ellos son quienes han administrado y decidido utilizar sus fondos para “proyectos de inversión” fallidos”.
Por lo que proponen que el GDCMX ejecute un rescate financiero que permita sanear al organismo. Exigen que a los culpables del desfalco se les aplique la ley y restituyan lo robado.
El 12 de julio, un grupo de afectados fueron a la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde entregaron un documento firmado, para que emita una recomendación del rescate de la Captralir, porque la seguridad social constituye un derecho humano y se los han violentado.
Constituyeron un colectivo de trabajo con el único fin de rescatar del despojo, del abandono y el vilipendio a la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya. A la fecha definen una ruta de lucha.
El ex magistrado Carlos González Merino, recordó que desde el 2018 han reducido los presupuestos, “por eso no les alcanza para pagar las pensiones”.
Tienen un seguro de jubilación, pagan una contribución por 28 o 30 años de servicio, de acuerdo a las proyecciones actuariales, su retiro debería estar garantizado. Tendrán que buscar un amparo, para que les paguen.
Sus aportaciones no pueden ser tratadas como dinero del erario público, ya que constituyen un recurso para la seguridad social. Han cotizado de manera puntual a la caja y ese recurso por derecho les pertenece, aseguran.
EN OTRO TENOR. Pertenecen SUTGCDMX, pero dicen que ni los representa ni los apoya, ya que la dirigencia de Aarón Ortega Villa fue impuesta y sólo quedó en el papel, “su pasividad y silencio lo hace cómplice del desfalco”.
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