Por Alejandro Jiménez
Con total desprecio por la legalidad, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, uno de los supuestos encargados de vigilar que se cumpla, dijo esta semana: “Me quiere agarrar fuera de lugar, pero bueno, si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados”, molesto por las medidas cautelares que le impuso el organismo y que ratificó el Tribunal Electoral tras su participación en actos proselitistas.
Subtexto: puedo hacer lo que quiera porque al fin y al cabo la actual oficina electoral va a desaparecer y entonces con la que pongamos vamos a hacer lo que queramos…
¿Seguro que eso es lo que queremos los mexicanos?, ¿qué echemos atrás el reloj 30 años para que un grupo político mangonee la voluntad popular?
Y eso de que los diputados van a desaparecer al INE, está por verse, porque ello requeriría que Morena tuviera mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, lo que no sucede, y ya se notó en el rechazo de la oposición a la reforma eléctrica del Presidente.
¿Qué gana entonces el secretario de Gobernación (y Mario Delgado y Claudia Sheinbaum) torpedeando a la autoridad electoral que seguramente va a organizar la próxima elección presidencial en 2024?
Insultar al árbitro electoral porque no lo deja violar la ley habla más mal del funcionario que del INE.
Ayer, en estas mismas páginas, Emilio Buendía, jefe de la oficina de la presidencia del INE, escribió:
“Lo preocupante de las declaraciones es que demuestran el desprecio que se tiene desde el poder a una institución autónoma que se encarga de organizar elecciones libres en el país y de garantizar el ejercicio de derechos políticos electorales de las y los mexicanos. Recordemos que uno de los ingredientes para erosionar a la democracia de un país transita por atacar desde el poder a las autoridades electorales. Estos ataques también hacen evidente: 1) que el cumplimiento y respeto a la ley es un tema que no forma parte de la agenda pública de las y los servidores públicos vinculados con el Poder Ejecutivo, y 2) que hay un profundo desconocimiento de lo que establece la legislación. El INE no corre a nadie.
“Seamos claros: las decisiones de las autoridades electorales, esto es, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tienen sustento en lo establecido en la Constitución y la ley. No provienen de actos discrecionales, sino que tienen su base en procedimientos que están recogidos en nuestra legislación desde hace muchos años.”
Tiene razón. Si alguien ha cumplido con la legalidad ha sido el INE, tanto, que respetó sin chistar el triunfo de Morena en 2018 y los que ha conseguido en los estados de la República posteriormente.
Es falsa la narrativa de que el INE actual es corrupto y merece desaparecer: no hay ningún elemento que justifique tal pretensión, salvo que se busque minar la democracia y en cambio se quiera construir un régimen parcial, a modo para el actual grupo en el poder.
Que un presunto candidato a la Presidencia de la República critique al INE es tanto como escupir al cielo: innecesario, sucio y reversible. Hay una legalidad que funciona, y debe mantenerse firme, pese a que los tramposos quieran poner a su árbitro particular. Ya vivimos 70 años de esa historia, no tenemos por qué tropezar de nuevo con la misma piedra.
