/ viernes 29 de mayo de 2020

Desafíos de las judicaturas en tiempos de Covid-19

Como siempre, son las judicaturas locales aquellas que más desafíos enfrentan en un contexto como el actual, caracterizado por un nuevo orden en la convivencia social y también en la prestación de servicios como es el de impartición de justicia. Probablemente también lo estarán pasando las Fiscalías.

El tema aquí es que cuestiones como la digitalización y consulta de expedientes, los procesos en línea, el robustecimiento de las redes de voz y datos, entre muchas otras posibilidades digitales que serán fundamentales en este nuevo orden social, plantean enormes dificultades económicas. No hay que olvidar el presupuesto anual de los poderes judiciales locales de las 32 entidades del país representa apenas un poco más de la mitad de lo que recibe el Poder Judicial de la Federación (al menos así lo fue, según datos de México Evalúa, en 2016).

Esta disparidad, comparada con la carga de trabajo de los juzgadores locales, si consideramos que el 70% de los delitos son del orden común, difícilmente permite a la mayoría de estas judicaturas ponerse al día en lo referente a sistemas e innovación digital, cuestiones que ahora han pasado a ser urgentes, de primera necesidad para seguir impartiendo un servicio esencial y que es pieza primordial del Estado de Derecho y la paz social.

Tan sólo la digitalización de expedientes y el uso de medios seguros y redes robustas para notificaciones electrónicas que en el ámbito penal ya están contempladas en la ley procesal, implican para muchos estados inversiones y recurso humano especializado.

Si hablamos de la posibilidad de juicios en línea o de audiencias familiares, penales, mercantiles, que ya son orales y que podrían realizarse por medio de videoconferencia, también hay que hablar de las implicaciones que tenía para el principio de publicidad o simplemente para el derecho de privacidad de las partes.

De manera que poco podrá hacerse si las judicaturas locales, aun aquellas que ya tienen por ley un mínimo de presupuesto asignado, no son fortalecidas para proyectos que antes eran especiales o no esenciales y que generalmente de recortaban. Ahora, estos proyectos se han convertido en prioridad y como tales deberían ser considerados, al menos, en el presupuesto del próximo año, situación por demás complicada si consideramos el catastrófico escenario económico que se avecina.


Como siempre, son las judicaturas locales aquellas que más desafíos enfrentan en un contexto como el actual, caracterizado por un nuevo orden en la convivencia social y también en la prestación de servicios como es el de impartición de justicia. Probablemente también lo estarán pasando las Fiscalías.

El tema aquí es que cuestiones como la digitalización y consulta de expedientes, los procesos en línea, el robustecimiento de las redes de voz y datos, entre muchas otras posibilidades digitales que serán fundamentales en este nuevo orden social, plantean enormes dificultades económicas. No hay que olvidar el presupuesto anual de los poderes judiciales locales de las 32 entidades del país representa apenas un poco más de la mitad de lo que recibe el Poder Judicial de la Federación (al menos así lo fue, según datos de México Evalúa, en 2016).

Esta disparidad, comparada con la carga de trabajo de los juzgadores locales, si consideramos que el 70% de los delitos son del orden común, difícilmente permite a la mayoría de estas judicaturas ponerse al día en lo referente a sistemas e innovación digital, cuestiones que ahora han pasado a ser urgentes, de primera necesidad para seguir impartiendo un servicio esencial y que es pieza primordial del Estado de Derecho y la paz social.

Tan sólo la digitalización de expedientes y el uso de medios seguros y redes robustas para notificaciones electrónicas que en el ámbito penal ya están contempladas en la ley procesal, implican para muchos estados inversiones y recurso humano especializado.

Si hablamos de la posibilidad de juicios en línea o de audiencias familiares, penales, mercantiles, que ya son orales y que podrían realizarse por medio de videoconferencia, también hay que hablar de las implicaciones que tenía para el principio de publicidad o simplemente para el derecho de privacidad de las partes.

De manera que poco podrá hacerse si las judicaturas locales, aun aquellas que ya tienen por ley un mínimo de presupuesto asignado, no son fortalecidas para proyectos que antes eran especiales o no esenciales y que generalmente de recortaban. Ahora, estos proyectos se han convertido en prioridad y como tales deberían ser considerados, al menos, en el presupuesto del próximo año, situación por demás complicada si consideramos el catastrófico escenario económico que se avecina.


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