¿El Presidente Andrés Manuel López Obrador permitirá que avance una investigación en su contra durante su mandato?
¿Le dejará un mínimo de autonomía a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue al menos a algún integrante de su gabinete?
Sólo en el mundo de la utopía podría suceder lo anterior, pues el hermano Pío López Obrador estuvo a punto de que en la 4T le hicieran fiesta por haber recibido recursos para la campaña del hoy Presidente.
En días pasados y para levantar su popularidad en declive por la pandemia, el Presidente adoptó como bandera política, el juicio a los expresidentes mediante una consulta donde votaron hasta los muertos.
De acuerdo con la modificación de la pregunta para la consulta realizada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente podría ser víctima de su propia estratagema.
El pasado domingo, la dirigencia del PAN presentó una denuncia ante la FGR por “negligencia criminal” en contra del gobierno federal por lo más de 100 mil muertos por Covid-19.
De manera particular, el director general jurídico de Acción Nacional, Raymundo Bolaños, dirigió la denuncia en contra del subsecretario Hugo López-Gatell.
Pero también lo hizo contra “todas las autoridades federales que resulten responsables de los probables delitos de homicidio culposo, lesiones, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones”.
La denuncia ante la Fiscalía demanda una profunda investigación sobre las medidas aplicadas por el gobierno de la República que derivaron en “omisiones e irregularidades”.
Ejemplo de esa “negligencia criminal” radica en que la tasa de letalidad promedio en el mundo es de 2.4%, mientras que en México es cuatro veces más con el 9.8%.
Es decir que de acuerdo con la denuncia, en promedio mueren 10 de cada 100 personas infectadas en nuestro país.
Además, con una población similar de 128 millones de habitantes, México tiene 52 veces más defunciones que Japón, por ejemplo.
“La cifra de muertes por Covid-19 representa uno de los fracasos más grandes del gobierno morenista”, acusó el dirigente nacional panista Marko Cortés.
Pero las cosas no pararon ahí, este lunes la senadora Kenia López Rabadán también denunció penalmente a López Obrador por el delito de “ejercicio ilícito del servicio público”.
El Ejecutivo Federal -dijo- fue negligente por inundar las comunidades indígenas chontales de Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán, las más pobres del país.
También acompañaron la denuncia de López Rabadán los senadores Lilly Téllez, Gustavo Madero, José Erandi Bermúdez, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gina Andrea Cruz, Julen Rementería, Indira de Jesús Rosales San Román, Minerva Hernández, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
Públicamente, el Presidente admitió haber decidido que el cauce fuera dirigido hacia las comunidades mencionadas para evitar que se inundara la Ciudad de Villahermosa.
Las afectaciones ocasionaron daños a más de 302 mil 498 habitantes de 13 de los 17 municipios de la entidad natal del Presidente.
¿En algún momento el Presidente será incluido en una consulta para ser juzgado tal y como él lo pidió con sus antecesores?
PROSPECCIÓN… Gustavo de Hoyos Walther, presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), propuso que el salario mínimo general de los trabajadores en 2021 se ubique en un rango de entre 128.15 pesos y 135.83 pesos. Dijo que, si bien la discusión de este nuevo aumento está por iniciar, tiene que fijarse un monto que ayude a mitigar los impactos por la crisis del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
Twitter: @JoelSaucedo
