/ miércoles 24 de noviembre de 2021

Decretazo nació muerto

Todo parece indicar que el “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, nació muerto.

Tal y como sucedió con la iniciativa de reforma eléctrica, el anuncio provocó una reacción inusitada en contra.

Desde el momento de su publicación –la tarde del lunes-, las redes sociales se volcaron en críticas al “aberrante acto de ilegalidad”.

La decisión del Ejecutivo, fue descalificada por prominentes y destacados litigantes principalmente en Twitter.

Por la mañana de ayer, alzaron contundentes la voz en bloque, los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

Senadores, dirigentes políticos, investigadores y especialistas, externaron su preocupación por lo que calificaron como “decisión autoritaria”.

El clavo del ataúd de ese decreto lo puso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El INAI busca evitar que por “seguridad nacional” se reserve información de manera generalizada de obras y proyectos del gobierno.

El Presidente hizo una tibia defensa de su decreto que borra de un plumazo todo trámite para sus obras. “Es un acuerdo para agilizar trámites”.

A todas luces, no se trata de ningún “acuerdo”, es un decreto presidencial que pisotea todo ordenamiento jurídico.

La situación es por demás crítica. El Presidente ha entrado en pánico, pues sus obras no estarán concluidas para cuando lo desea.

La 4T se le derrumba.

PROSPECCIÓN… La Auditoria Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal investigan un contrato firmado en septiembre del 2011 por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, para construir el Hospital de Ticul, obra cancelada por incumplimiento de la constructora en la entrega y cuyo elevado costo de 5 mil millones de pesos, fue evidenciado por el Presidente López Obrador, quien calificó el acto como “manchado de influyentismo y corrupción”, puesto que el hospital pudo haberse construido en 500 millones de pesos.


Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx

Todo parece indicar que el “decretazo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, nació muerto.

Tal y como sucedió con la iniciativa de reforma eléctrica, el anuncio provocó una reacción inusitada en contra.

Desde el momento de su publicación –la tarde del lunes-, las redes sociales se volcaron en críticas al “aberrante acto de ilegalidad”.

La decisión del Ejecutivo, fue descalificada por prominentes y destacados litigantes principalmente en Twitter.

Por la mañana de ayer, alzaron contundentes la voz en bloque, los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados.

Senadores, dirigentes políticos, investigadores y especialistas, externaron su preocupación por lo que calificaron como “decisión autoritaria”.

El clavo del ataúd de ese decreto lo puso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El INAI busca evitar que por “seguridad nacional” se reserve información de manera generalizada de obras y proyectos del gobierno.

El Presidente hizo una tibia defensa de su decreto que borra de un plumazo todo trámite para sus obras. “Es un acuerdo para agilizar trámites”.

A todas luces, no se trata de ningún “acuerdo”, es un decreto presidencial que pisotea todo ordenamiento jurídico.

La situación es por demás crítica. El Presidente ha entrado en pánico, pues sus obras no estarán concluidas para cuando lo desea.

La 4T se le derrumba.

PROSPECCIÓN… La Auditoria Superior de la Federación (ASF) y el gobierno federal investigan un contrato firmado en septiembre del 2011 por la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, para construir el Hospital de Ticul, obra cancelada por incumplimiento de la constructora en la entrega y cuyo elevado costo de 5 mil millones de pesos, fue evidenciado por el Presidente López Obrador, quien calificó el acto como “manchado de influyentismo y corrupción”, puesto que el hospital pudo haberse construido en 500 millones de pesos.


Twitter: @JoelSaucedo

saucedosj@yahoo.com.mx

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