Lo que empezó como una emergencia sanitaria empieza a cobrar tintes de emergencia económica, que va acompañada por otro tipo de pestes como la pobreza en la que se encuentra casi el 50% de la población mexicana y la informalidad en la que se encuentran 6 de cada 10 trabajadores.
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI en 2019 señala que la población económicamente activa u ocupada es de 54 millones 152 mil 266 personas, de las cuales, el 43% tiene un ingreso formal (23 millones 285 mil 474), mientras que la gran mayoría, es decir, el 57% tienen un ingreso informal (30 millones 866 mil 792). Las cifras se vuelven aún más impactantes, cuando vemos que 42 millones 125 mil 235 personas perciben menos de cinco salarios mínimos.
La cosa se empieza a poner peor cuando vemos que el sector comercial informa del cierre de cerca del 70% de los negocios, con caídas de ventas por arriba del 90%, lo que se traduce a pérdidas económicas todavía incalculables y, por ende, el inevitable aumento de desempleo y pobreza.
Ante este gris panorama, el anuncio del plan para la reactivación económica frente a la emergencia de COVID-19 que hará el gobierno federal este domingo ha generado gran expectativa no solo entre los sectores económicos, financieros y productivos del país, sino también entre los ciudadanos “de a pie”, aquellos que viven día a día, que no pueden hacer compras de pánico y que ahora viven confinados en sus casas con la incertidumbre si tendrán algo que comer mañana.
Ya muchos son los que han hecho propuestas al respecto. Partidos políticos, organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad civil se han apresurado a presentar diversas alternativas. Ahora falta saber sí serán escuchadas e incluidas algunas de ellas.
Hace unos días, el gobierno federal anunció la creación de un fondo de 25 mil millones de pesos, para apoyar a un millón de micro, pequeñas y medianas empresas. Baste recordar que en 2009, en plena contingencia sanitaria por influenza H1N1, el entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens anunciaba en mayo una inyección de 10 mil millones de pesos a la planta productiva; 17 mil 400 millones más vía incentivos fiscales y el descuento del 20% en el pago de cuotas patronales al IMSS en beneficio de todas las empresas, además de otro paquete de medidas para alentar el sector turismo.
Carstens estimó de forma preliminar que el impacto económico de la contingencia sanitaria por H1N1 iba a ser entre 0.3 y 0.5% del PIB, es decir, alrededor de 30 mil millones de pesos.
Hoy, el país se encuentra definitivamente en otras condiciones a las de 2009, con nulo crecimiento económico (0.1% en 2019). De ahí la importancia y la trascendencia de las decisiones que se tomen este domingo.
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