Luego de tres años de diatribas, escusas y mal gobierno por fin el presidente de todos los mexicanos se da cuenta y, reconoce, la terrible escasez de medicamentos, incluyendo los oncológicos, existente en nuestro país. Miles de pacientes enfermos de cáncer asisten a los hospitales públicos especializados para “recibir sus tratamientos de quimioterapia”; los cuales deben aplicarse por los menos cada 21 días, siendo relegados de manera criminal posponiendo su servicios médicos hasta dos o tres meses después, debido principalmente a la ineficiencia e indiferencia del “Gobierno de Cuarta” que desmantelo el sistema de adquisiciones consolidadas, solo por la ocurrencia de “acabar con la corrupción”…protegiendo a los corruptos.
El problema inició el 24 de mayo de 2019, cuando el gobierno federal, en un documento de ocho párrafos comunicó que se implementaría un nuevo modelo de compras consolidadas, el cual se presentó como un nuevo “paradigma” y “transformación cultural” en cuanto a las adquisiciones públicas. La nueva política pública se estructuró con base en un diagnóstico realizado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), según el cual, “80% de las compras realizadas en la anterior administración se hicieron sin licitación pública y que existían más de 1,500 unidades compradoras”, así como de manera irresponsable recurrir a los burócratas internacionales de la ONU (UNOPS). generando muchas muertes por estas razones.
Se pasó de 9,675 millones de pesos en contratos públicos adjudicados directamente en 2013 a 21,470 millones de pesos en 2019. En 2020 bajó a unos 7,965 millones de pesos. Complica la disponibilidad de medicamentos el hecho de que en diciembre de 2019 quedaron desiertas 1,923 claves de medicamentos, es decir, 62% no lograron comprarse, según un informe de la Comisión de Abasto de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. La bola siguió rodando cuesta abajo y en perjuicio de los enfermos.
Para salir del problema el “Gobierno de la transacción” tendría que reconocer que la política implementada en materia de salud y, desde luego, para adquirir fármacos e instrumentos médicos fue indebidamente diseñada e implementada; los pacientes son quienes pagan las consecuencias; ya hay demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, crímenes de lesa humanidad.
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