/ lunes 29 de noviembre de 2021

Como un pase libre para hacer negocios en la 4T

Sabemos cómo es la burocracia en este país, aquí el problema es que con estos cinco días de premura con la que tienen que actuar las secretarías, se generan problemas para el futuro, un ejemplo reciente de ello podría ser el accidente de la Línea 12 del Metro del que nadie se hace responsable. Pareciera que el Presidente quiere una salida política a un problema jurídico, dice Tito Garza Onofre, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al hablar del acuerdo que publicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

Ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que autoricen todos sus proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo de máximo cinco días. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación declara como interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura.

Los acuerdos y los decretos, explica Garza Onofre, son órdenes que el titular del ejecutivo ordena a sus propias dependencias y secretarías de Estado. “Lo que hizo el presidente López Obrador en definitiva es algo que rompe el principio de legalidad. No está mal que lo quiera hacer el Presidente, el Presidente ha insistido en que él quiere terminar estos proyectos antes de que termine su mandato en 2024, sabe que hay muchas interposiciones de amparos que son frívolos, que no tienen alguna razonabilidad jurídica, y en ese sentido lo que el Presidente hace es acordar con sus secretarías de Estado para que se le otorguen cualquier tipo de permiso a estos megaproyectos, construcciones como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, y en ese sentido declararlos de seguridad nacional, qué quiere decir esto, que el propio Gobierno va a tener ciertas concesiones para no regirse por los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Aquí el problema es que, en definitiva, esta no era la vía adecuada. Si el Presidente quería declarar seguridad nacional estos proyectos, tiene que ser vía las leyes federales y la Constitución, es decir, no le corresponde propiamente al Presidente de la República, sino a los diputados y a nuestros representantes populares, lo que hace que el Presidente es gobernar a golpe de acuerdo o decreto, y esto va a traerle más problemas”.

Puede que se apresuren sus proyectos emblemáticos, pero quién asegura que en el próximo sexenio a algún otro Presidente o Presidenta, se le ocurra que se puedan revisar todos estos acuerdos que se dieron en cinco días. “Por eso es muy importante el rol que eventualmente va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte, al final del día, más allá de los amparos que se interpongan, de si los funcionarios públicos hagan o no caso a este acuerdo del presidente López Obrador, porque parecería en muchos casos imposible, generar acuerdos, sinergias entre lo público y lo privado, al final del día serán los 11 ministros y ministras quienes puedan expulsar del orden jurídico este acuerdo del presidente López Obrador, o validarlo. De ellos depende el análisis jurídico”.

Acaba de entrar en vigor el lunes pasado. Hay que ver cómo están actuando las secretarías y qué piensan los secretarios de Estado. “Parecería que el presidente López Obrador les ha dado un pase libre para que puedan llevar a cabo estas negociaciones”.

Sabemos cómo es la burocracia en este país, aquí el problema es que con estos cinco días de premura con la que tienen que actuar las secretarías, se generan problemas para el futuro, un ejemplo reciente de ello podría ser el accidente de la Línea 12 del Metro del que nadie se hace responsable. Pareciera que el Presidente quiere una salida política a un problema jurídico, dice Tito Garza Onofre, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al hablar del acuerdo que publicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada.

Ordena a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que autoricen todos sus proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo de máximo cinco días. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación declara como interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura.

Los acuerdos y los decretos, explica Garza Onofre, son órdenes que el titular del ejecutivo ordena a sus propias dependencias y secretarías de Estado. “Lo que hizo el presidente López Obrador en definitiva es algo que rompe el principio de legalidad. No está mal que lo quiera hacer el Presidente, el Presidente ha insistido en que él quiere terminar estos proyectos antes de que termine su mandato en 2024, sabe que hay muchas interposiciones de amparos que son frívolos, que no tienen alguna razonabilidad jurídica, y en ese sentido lo que el Presidente hace es acordar con sus secretarías de Estado para que se le otorguen cualquier tipo de permiso a estos megaproyectos, construcciones como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, y en ese sentido declararlos de seguridad nacional, qué quiere decir esto, que el propio Gobierno va a tener ciertas concesiones para no regirse por los criterios de transparencia y rendición de cuentas. Aquí el problema es que, en definitiva, esta no era la vía adecuada. Si el Presidente quería declarar seguridad nacional estos proyectos, tiene que ser vía las leyes federales y la Constitución, es decir, no le corresponde propiamente al Presidente de la República, sino a los diputados y a nuestros representantes populares, lo que hace que el Presidente es gobernar a golpe de acuerdo o decreto, y esto va a traerle más problemas”.

Puede que se apresuren sus proyectos emblemáticos, pero quién asegura que en el próximo sexenio a algún otro Presidente o Presidenta, se le ocurra que se puedan revisar todos estos acuerdos que se dieron en cinco días. “Por eso es muy importante el rol que eventualmente va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte, al final del día, más allá de los amparos que se interpongan, de si los funcionarios públicos hagan o no caso a este acuerdo del presidente López Obrador, porque parecería en muchos casos imposible, generar acuerdos, sinergias entre lo público y lo privado, al final del día serán los 11 ministros y ministras quienes puedan expulsar del orden jurídico este acuerdo del presidente López Obrador, o validarlo. De ellos depende el análisis jurídico”.

Acaba de entrar en vigor el lunes pasado. Hay que ver cómo están actuando las secretarías y qué piensan los secretarios de Estado. “Parecería que el presidente López Obrador les ha dado un pase libre para que puedan llevar a cabo estas negociaciones”.

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